La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia y se dedica a la investigación de maniobras de lavado de dinero, fue admitido como querellante, es decir cómo víctima, en la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici.
La decisión la tomó el juez federal Ernesto Kreplak ante la solicitud de la UIF, que dirige Ignacio Yacobucci. El organismo, si bien goza de autonomía funcional, en el organigrama del Estado depende del Poder Ejecutivo.
El propio magistrado, al admitir a la UIF como parte en la causa, lo que le permite pedir medidas de prueba y recurrir decisiones que no le conformen, sostuvo que el lavado de dinero es una de las hipótesis delictivas que se sostienen en el expediente.
“La hipótesis de investigación que se siguen en estos actuados podría dar cuenta de la posible comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervención de la Unidad de Información Financiera”, escribió el juez que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Y, por eso, entendió que “se encuentran cumplidas las exigencias para dar intervención a la Unidad de Información Financiera como parte querellante en este proceso”.
Insaurralde está siendo investigado desde octubre del año pasado por el juez Kreplak por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito desde que fue publicada su fotografía a bordo del yate Bandido, navegando por el Mediterráneo, frente a las costas de Marbella, con la modelo Clerici.
La defensa de Insaurralde quiere sacar la causa de la Justicia federal y que el caso pase a la justicia provincial de Lomas de Zamora, donde el exintendente y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof tiene incidencia, al punto que propuso e impulsó la designación de los jueces y de influyentes fiscales de la jurisdicción. El planteo que hicieron los abogados de Insaurralde, Fernando Pinto y Nicolás Maciel, es que el enriquecimiento ilícito de un funcionario provincial o municipal es un delito de la órbita provincial, no federal, y que invocar la acusación de lavado de dinero para retener la causa en la justicia federal es “un artilugio inaceptable”.
Señalaron que no hay evidencias de lavado de dinero, que hay un abuso de la intervención de Kreplak y que no es posible sugerir que el enriquecimiento ilícito es el delito precedente, origen del supuesto lavado de dinero.
Sin embargo, el fiscal federal Sergio Mola se opuso al planteo de los abogados de Insaurralde y defendió que la causa permanezca en su jurisdicción federal. Señaló que la defensa se equivoca, que el delito de lavado está en plena investigación con medidas de prueba pendientes de resolución y que en realidad lo que se pretende es detener la investigación y frenar la actuación de la fiscalía. Señaló que a Insaurralde lo que le molesta es la actuación de la fiscalía y por eso quiere apartarlo del caso.
Lo mismo hicieron los querellantes de la ONG Poder Ciudadano, pidieron rechazar el planteo. El juez Kreplak volvió a correr traslado del asunto a las defensas para que opinen y aún no resolvió.
Pero la decisión de Kreplak de admitir a la UIF como querellante pareciera indicar que el magistrado avala la hipótesis del lavado de dinero como uno de los objetivos de la investigación, lo que implica más complicaciones para el exintendente de Lomas de Zamora.
Insaurralde y Clerici viajaron en el yate El Bandido el Mediterráneo en 2023. El alquiler del barco costó unos 14.000 euros y la cuenta del exclusivo hotel donde se alojó la pareja una semana redondeó los 28.000 euros.
Entre 2021 y 2023 Insaurralde gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1800 dólares, sin otros ingresos declarados, analizaron los fiscales especializados en lavado de dinero.
Los viajes solo de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaria privada de la municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Federico Otermín, que llegó como el delfín de Insaurralde.
Incluyen ese periplo sus cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos viajes gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una Tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8189 de pasaje en business de Iberia; 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva; 13.716 euros del alquiler de Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que incluyeron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
Todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Clerici en Nordelta, sus 7 carteras Louis Vuitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territory y una camioneta Mercedes Benz GLA 250 compradas el mismo día, 8 de septiembre de 2023. La última, por 48 millones de pesos.
La Justicia está ahondando en las propiedades no declaradas, por ejemplo, la casa de San Vicente de Insaurralde, que fue allanada. Estas evidencias se suman a otros indicios relacionados con los automóviles a nombre de Cirio, que despertaron sospechas en los investigadores.
El 1° de marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde al declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio contra la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la medida que alcanza al exfuncionario y a Clerici.
Los jueces de la Casación Hornos, Borinsky y Carbajo señalaron que deben aplicarse las disposiciones establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley de Ética Pública (ley 25.188), junto con las recomendaciones y protocolos propuestos por organismos internacionales contra el lavado de dinero, de los que la Argentina es parte, como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).