Incidentes
La jueza Servini dictó la ‘falta de mérito’ para el primer grupo, pero se basó en pruebas fílmicas y fotografías para mantener en prisión al resto.
La jueza federal María Servini ordenó el viernes por la noche la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases. Sin embargo, la magistrada rechazó la excarcelación de otras 16 detenidas, que siguen detenidas.
Servini se basó en la ‘falta de mérito’ para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que habría evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.
Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.
Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados, y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.
La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los sospechosos de diversas infracciones: desde «lesiones» hasta «delitos contra los Poderos Públicos y el Orden Constitucional».
Las denuncias libertarias
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera «un ataque contra el ejercicio democrático».
Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos «no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión», y en ese sentido responsabilizó a sectores vinculados al kirchnerismo, aunque en redes sociales sólo fueron identificados policías de civil agitando el caos.
En tanto, Yamil Santoro había denunciado por «terrorismo» a los implicados en los disturbios.
El legislador porteño explicó que su presentación judicial es por la posible comisión de los «delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo», una gravísima acusación con pocos elementos probatorios, según fuentes tribunalicias.
Con información de Noticias Argentinas