La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiación educativa del sector universitario disparó la reacción del sector, que anunció un cese de actividades por 24 horas para el 26 de este mes, al tiempo que se prepara el caldo para una masiva movilización que, en principio, se llevará a cabo el 2 de octubre.
La reactivación del plan de lucha viene de la mano de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y los sindicatos ADUBA (docentes) y APUBA (no docentes) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). De esta forma, la protesta afectará a las clases terciarias en todo el país.
En las próximas horas seguramente se sumará a la huelga el Frente Sindical de Universidades Nacionales y comenzará el preparativo para una marcha nacional que pretende superar la manifestación del 23 de abril, que inundó las calles de todo el país en defensa de la educación superior pública y contra las políticas del Ejecutivo en ese sector.
La ley de financiamiento de las universidades fue aprobado en el Senado
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores (57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención) incrementa los fondos destinados a las universidades nacionales, tanto para gastos de funcionamiento como para sueldos de profesores y personal no docente, tomando en consideración el índice de inflación e impulsando un mecanismo para la recomposición de los sueldos.
Según cifras facilitadas por el Consejo Superior de la UBA, los haberes de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre un 35 y un 55 por ciento de su poder adquisitivo en la actividad.
Por su parte, la CTERA advirtió sobre el fuerte recorte presupuestario a los programas educativos en el Proyecto de Presupuesto 2025 que presentó el pasado domingo Milei en el Congreso. Planteó que «esto representa un nuevo ataque a la educación pública y vulnera el derecho a la educación que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía».
Preocupación de CTERA por el desfinanciamiento de la educación
La secretaria General Sonia Alesso sostuvo que «la degradación del ministerio de Educación a Secretaría llevada a cabo por el gobierno, se vio reflejada desde el primer momento en un brutal ajuste y desfinanciamiento de la educación pública, que ahora se profundiza con este proyecto de ley que pretende dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614) y del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058)».
Remarcó que «esto significa que el Estado ya no queda obligado a enviar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 por ciento del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento 1 por ciento del PBI» y agregó que «la medida también afecta al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2 por ciento del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional».
Alesso explicó que «el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Milei, representa un nuevo ataque a la educación pública y vulnera el derecho a la educación que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía en nuestro país.» Añadió que «todos los ítems del presupuesto se ven afectados, especialmente el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el Mejoramiento de la calidad educativa, que directamente desaparecen del presupuesto 2025. A su vez, también se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63 por ciento), la construcción de Jardines de Infantes (-59 por ciento), las Becas estudiantiles (-64 por ciento), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras».
Manifestó que «es muy grave que el gobierno esté dispuesto a gastar recursos en fondos para la SIDE, para la compra de aviones de guerra o para los viajes privados del presidente, mientras ajusta y desfinancia todo el Sistema Educativo».
La titular de CTERA subrayó que «para garantizar el derecho a la educación en nuestro país, se necesita más financiamiento del Estado Nacional y de los Estados provinciales, para construir más escuelas, crear más cargos docentes, distribuir más becas estudiantiles, tener mejores salarios, contar con formación docente gratuita y en ejercicio, garantizar los comedores escolares, copa de leche y fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de la población que hoy tiene grandes dificultades debido a las medidas económicas impuestas por el gobierno actual».