Este fin de semana, uno de los temas más comentados en reuniones, cenas, y asados de hombre de negocios, banqueros y sindicalistas, fue el futuro de Aerolíneas Argentinas.
También se habló mucho del futuro plan de privatizaciones del Gobierno de unas 59 empresas donde surgen muchas dudas por las idas y vueltas que se dan desde la Casa Rodada en particular con la superposición de funciones entre la nueva Agencia de Privatizaciones a cargo de Diego Chaer, el ministerio de Transformación y Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger y la secretaria de Innovación a cargo de Darío Genua, quien es otro de los funcionarios a cargo del tema.
El sábado, en un asado de ex empresarios de la industria de aeronavegación en una casona de un country de Tigre, se habló mucho del tema Aerolíneas Argentinas. El dueño de casa, mientras servía su especialidad, los chori con huevo frito, lanzó una frase que sorprendió a los presentes: «Así como está la situación con los gremios y por más que lo saques a Pablo Biro del Directorio de la empresa, no hay otra. Aerolíneas Argentinas se cierra o se privatiza y lo que está claro es que la operación no se puede tercerizar».
Uno de los invitados, un especialista en el sector aerocomercial, explicó a los presentes que «se puede ceder alguna parte, como el servicio de rampa o las unidades de mantenimiento, pero la operación aérea reviste características técnicas diferentes».
El experto añadió que la más importante de ellas es la posesión del Certificado de Explotación de Servicios Aéreos (CESA), que está compuesto por dos anexos.
Uno de ellos es de flota, que contiene las aeronaves de la compañía titular del CESA; y el otro es el de tripulación, que incluye a los pilotos y esta manera, para que una aerolínea tercerice su operación aérea debería ceder su CESA y esto es imposible con el problema gremial que hay.
«El CESA es el corazón de estas compañías, es como la matrícula del médico y un médico sin matrícula no es médico y una aerolínea sin CESA no es aerolínea», manifestó.
Otro de los invitados, con experiencia en el sector aerocomercial, opinó que el Gobierno había incluido a Aerolíneas Argentinas en su primera versión de la Ley Bases, pero tras negociaciones legislativas decidió excluirla del listado de privatizables. Sin una ley que lo habilite, ninguna empresa pública puede ser vendida, salvo las 9 que quedaron dentro de la Ley Bases
En tanto, el socio de uno de los grandes bufetes de abogados y conocedor de cerca del mercado aeronáutico, indicó que un contrato de operación sería una alternativa anterior a una posible privatización.
«Un contrato de operación sería defendible desde el punto de vista legal, como una alternativa para enfrentar y Aerolíneas Argentinas puede pedir la quiebra cuando quiera, pero ese depende de dos factores que son las cuentas de la compañía y la decisión del Directorio«.
Hay que considerar que iniciar un proceso de quiebra debería ser aprobado por el Directorio de la compañía, hoy compuesto por tres miembros relacionados con el Gobierno y otros tres que no. La mitad oficialista está compuesta por el actual presidente de la compañía, Fabían Lombardo, y los otros dos directores son Mauricio González Botto, un hombre del ex Jefe de Gabinete de Nicolás Posse, y Juan Bautista Ordoñez, exfuncionario del ex Ministerio de Infraestructura que estaba a cargo de Guillermo Ferraro.
Los otros tres integrantes son el sindicalista y secretario de APLA Pablo Biró; María Azucena Ehcosor, vinculada al Frente Renovador, y Juan Eduardo García.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la compañía recibió transferencias por $63.649 millones en lo que va del año. El 92% de esos fondos buscó cubrir los gastos de las 1.300 desvinculaciones del personal de la empresa. En simultáneo, hasta el mes de julio la aerolínea tuvo un déficit operativo de u$s79 millones, tal cual informaron.
Aerolineas Argentinas y el masterplan privatizador del Gobierno
A la cabeza del llamado masterplan privatizador de la Casa Rosada a cargo del asesor presidencial Santiago Caputo está Diego Chaher, el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, una unidad transitoria nueva con una vida de dos años, que está bajo la órbita del Ministerio de Economía. A Chaer se le sumó en los últimos días el secretario de Innovación Tecnológica, Darío Genua, otro funcionario y amigo de Santiago Caputo.
Chaher es un abogado mendocino que estuvo en el Grupo América. En la gestión de Milei, Chaher primero estuvo a cargo de los medios públicos y luego reemplazó a Mauricio González Botto en la desaparecida Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado.
«El armado de la Agencia de Transformación tuvo como objetivo imprimirle velocidad al proceso privatizador. Ya no habrá un primer período de saneamiento para pasar a una fase 2 de salida al mercado: la orden que bajó de la Casa Rosada fue avanzar lo más rápido que se pueda y con todas las empresas posibles», comentó uno de los invitados.
Chaher tiene línea directa con el asesor presidencial, Santiago Caputo, pero debe coordinar acciones con el ministro de Economía, Luis Caputo y con el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde el Gobierno informaron el fin de semana pasada que la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas realizó un mapeo de las empresas estatales y contabilizó 59 organismos, de los cuales 19 son subsidiarias de otras empresas más grandes que dependen de distintas áreas del Gobierno como Transporte, Energía, Innovación, Defensa, Prensa y Comunicación.
También explican que tienen un abanico de menú alternativo, ya que algunas empresas podrían ser vendidas mediante concurso público internacional, otras serán concesionadas y otras podrían terminar en manos de las provincias y otras directamente, serán liquidadas, como ocurrió con la agencia de noticias Télam.
La novedad de los últimos días es que el Gobierno habría decidido sumar un mecanismo más que resultará bastante polémico.
Es la oferta pública de acciones de esas empresas, adoptando el régimen de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Chaher quiere colocar en la Bolsa un paquete accionario pequeño de varias empresas públicas para que sea el mercado el que defina el valor de las compañías.
Pero no se sabe cuánto valen, la mejor manera es que el sistema de oferta pública marque el mejor plan de negocios, en cada caso manifestaron el pasado fin de semana fuentes cercanas a la Casa Rosada.
El procedimiento, siempre según fuentes del Gobierno, será utilizar los procesos más confiables y seguros. «La lógica es que no se vuelva atrás. No a la reestatización», señalaron desde Casa Rosada.
Al parecer, el proceso no será inmediato, ya que primero el Gobierno debe poner al día la confección de balances y adaptar a las empresas a la normativa de la CNV, algo que puede demorar varios meses. Dos empresas que ya se perfilan para salir a la Bolsa son Tandanor (dueña de un importante astillero en La Boca) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha.
La idea es que todas las empresas posibles salgan al mercado de capitales con un paquete minoritario.
Las empresas que van a picar en punta en la ola de privatizaciones
La empresa que podría picar en punta con la ola privatizadora es Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), líder en la fabricación de turbinas para la generación energética.
La legislatura de Mendoza estaría cerca de habilitar su venta, ya que parte del paquete accionario está en manos de la provincia.
Si bien se publicará un concurso internacional, la estadounidense Are Energy estaría próxima a presentar su oferta formal de capitalización. Pese a que el Congreso hasta ahora solo habilitó la privatización de nueve empresas públicas (AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina, Intercargo, Nucleoeléctrica, Yacimiento Carboníferos Río Turbio -YCRT- y Trenes Argentinos Operaciones), en el Gobierno avanzarán igual en la transformación de las empresas para insistir en el parlamento.
Además de trabajar en la reducción del déficit, en la puesta a punto de los balances y en la adaptación a la normativa de la CNV, el Gobierno quiere que todas las empresas que son sociedades del Estado pasen a ser sociedades anónimas.
Esto ya se logró con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y ahora trabajan en la conversión de diez unidades más. Ya aparecen los primeros obstáculos.
Dentro de las empresas con destino probable de concesión, reconocen en el Gobierno, figuran las de servicios, como AYSA y Corredores Viales, ambas habilitadas por la Ley Bases.
Otras como YCRT o FADEA, la fábrica de aviones situada en Córdoba, podrían terminar con participación de las provincias.
En algunos casos, en tanto, Chaher está pensando en una fusión. Por ejemplo, podría incorporar a Televisión Digital Abierta (TDA) con la TV Pública para que el canal del Estado resulte mucho más apetecible para los privados.
Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas, entre las que se encuentran las siguientes compañías: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA Belgrano Cargas Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) Corredores Viales Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA),Complejo Carbonifero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
A la tarea de Chaher en ese proceso privatizador se sumará Dario Genua, otro de los hombres de confianza y amigo del asesor presidencial Santiago Caputo y el hombre que tal vez conoce más al ENACOM que en el futuro podría ser disuelto, de acuerdo a la opinión de algunos asesores del Gobierno.
Desde 2019 hasta 2023, Genua fue el secretario de Hacienda de la administración del intendente de Pilar Federico Achával.
Genua también fue director de Telecom Argentina, por parte del Estado, en el período de 2015 a 2018.