El Gobierno trabaja a contrarreloj para afianzar los últimos cuatro votos que lo separan de una victoria. Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso y necesita de un tercio de los presentes en el recinto de Diputados para sostenerlo. El apoyo que Mauricio Macri le proporcionó al jefe de Estado fue decisivo, pero insuficiente: para evitar un revés, el oficialismo todavía bucea en un mar de 9 legisladores que en su mayoría responden a gobernadores que la Casa Rosada trata de seducir. La sesión está convocada para hoy, a las 11.
Las estimaciones indican que hay 81 votos a favor de la voluntad presidencial, 162 en contra, cinco ausencias y nueve en duda. Es decir, el Gobierno todavía no cuenta con la garantía del éxito, como tampoco la oposición. Ambos bandos se encaminan a una sesión incierta donde las ausencias y abstenciones serán determinantes para definir el resultado.
En las vísperas de la discusión en el recinto, hubo cuatro definiciones que ajustaron aún más el marcador. Las dos diputadas del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, y el legislador rionegrino que responde al mandatario provincial, Alberto Weretilneck, dejaron entrever en la noche del martes que rechazarían el veto presidencial. En tanto, la cordobesa Alejandra Torres, aliada de Martín Llaryora, anunció que se ausentará de la votación por cuestiones de salud. Un golpe para quienes buscan insistir con la ley dado su manifiesto apoyo al presupuesto universitario.
En el bloque UCR, Martín Arjol -uno de los cinco radicales conversos- se pronunció a favor del veto y Francisco Monti se mostró en duda. Hasta ayer, el catamarqueño se inclinaba por la insistencia de la ley.
En las pocas horas que restan para la sesión, todas las miradas están puestas en los 10 diputados que aun no tomaron partido. Allí se encuentran tres tucumanos del bloque Independencia que responden a Osvaldo Jaldo; tres misioneros que esperan las órdenes del mandatario provincial Hugo Passalacqua y su jefe político Carlos Rovira; y un diputado aliado a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.
Sueltos, sin ninguna dependencia con un oficialismo provincial, se cuentan en el grupo de los “indecisos” a dos radicales: Pablo Cervi, que conformó el compendio de “87 héroes” que apoyaron el veto previsional, y Monti. La exoficialista Lourdes Arrieta blanqueó esta mañana que votará contra el veto.
“Estamos esperando que nos llame Rovira para definir qué hacer”, confió a LA NACION uno de los tres misioneros que para el cierre de esta nota no se había pronunciado sobre el veto de Milei. El resto permaneció en silencio.
“Tiene media mano y un poquito más en favor de rechazar el veto presidencial”, indicaron a LA NACION allegados de Arrieta, quien en agosto pegó el portazo de La Libertad Avanza. Aseguraron que, a diferencia de la posición que tomó respecto del veto previsional, cuando se abstuvo de pronunciarse, esta vez se pronunciará por sí o por no.
Los distintos gremios involucrados en el conflicto participaron el lunes de una reunión con referentes de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. Si bien se esperaba que del encuentro se desprendiera un principio de acuerdo entre el Gobierno y las universidades, el diálogo permaneció obturado.
“Sin acuerdo en la reunión de la mesa técnica salarial”, tituló su comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). Tras esta cumbre y sin el visto bueno de los gremios, esa tarde el Ministerio de Capital Humano informó que otorgaría un aumento del 6,8%.
“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, dice el comunicado, y agrega: “Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente”.
Qué dice la ley
La norma sancionada por el Congreso establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.
Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.
El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.
Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
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