El Gobierno promulgó hoy la ley 27.759 que amplía a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, luego de que el proyecto de ley fuera aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Así quedó oficializado a través del decreto 899/2024 en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Se trata de una modificación a la ley 26.879, que creó el Registro de Datos Genéticos en 2013, que sólo almacenaba muestras de ofensores sexuales. Con la promulgación de esta ley se podrá obtener muestras de cualquier imputado mayor de 18 años.
El registro contará con una base de datos de perfiles genéticos y una base de datos filiatorios, no relacionadas entre sí. También, funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.
Ahora el registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro. Otra de las modificaciones que se introducen es la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar el ADN del cuerpo de una persona no identificada.
Se trató de una propuesta del Poder Ejecutivo que fue aprobada, aunque con cambios con relación a su redacción original, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de agosto y al recibir dictamen de comisiones en el Senado sin modificaciones quedó en condiciones de convertirse en ley.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había impulsado la medida, buscaba que el Registro pase a ser parte del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, permanecerá bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, precisa el artículo 8.
La norma era reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres del Dolor, como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos de los casos que tras varios años permanecen impunes. El impulso del tratamiento en el Senado lo tomó la radical Carolina Losada (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que convocó el mes pasado al plenario para escuchar la opinión de funcionarios de Poder Ejecutivo y de especialistas.
LA NACION
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