La Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Alta Gracia, liderada por el fiscal Diego Fernández, avanza en una investigación que apunta a una supuesta red de estafas piramidales vinculadas a la compraventa de criptomonedas. En el centro de la controversia se encuentra la Fundación Dream Team, que según las denuncias, habría sido utilizada como fachada para las operaciones fraudulentas. La causa ya comenzó a generar múltiples presentaciones judiciales.
Hasta el momento, al menos seis denuncias fueron presentadas por presuntos damnificados, representados por los abogados Axel Aurich y Daniela Ferrari. Las sospechas indican que podría haber hasta tres mil personas afectadas, por lo que se prevé un incremento en el número de denuncias en los próximos días.
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Paralelamente, cuatro miembros clave de la Fundación se presentaron ante la Justicia. Pablo Díaz Mussi, presidente de la fundación, junto con su hermana Karina, tesorera de la misma, se pusieron a disposición este jueves con la asesoría legal del abogado Oscar Zárate.
Ambos se declararon víctimas de las maniobras de estafa piramidal. Según su defensa, ellos y el resto de los involucrados actuaban de buena fe en las operaciones, sin ser conscientes de la naturaleza del sistema fraudulento.
«Ellos se consideran víctimas, al igual que los integrantes de la comunidad de Alta Gracia y el resto de personas que participaron, en estas operaciones o supuestas operaciones», indicó Zárate en diálogo con el medio Mi Valle.
El secretario de la fundación, Claudio Murúa, y Verónica Rodríguez, quienes ocupaban roles de liderazgo en el esquema y son actuales empleados de EPEC también se presentaron ante la Justicia este miércoles. Ambos intentan desvincularse de la responsabilidad que recae sobre los directivos, aunque su participación activa en la captación de nuevos inversores los coloca en una posición delicada. Los «capitanes», como se denominaba a estos líderes dentro de la estructura, recibían premios por atraer nuevos inversores al sistema.
¿Dos Fundaciones?
Uno de los puntos de controversia es la distinción entre la Fundación Dream Team y un grupo de Telegram del mismo nombre, que habría sido el origen de la red. En dicho grupo, se difundían instrucciones para participar en las inversiones, que luego derivaron en la creación de la fundación sin fines de lucro.
Según los representantes de la fundación, la confusión entre ambas entidades es clave para entender su inocencia, pues las operaciones fraudulentas habrían sido llevadas a cabo en el grupo digital y no en la fundación.
«El grupo, cuando se conforma, es a través de una aplicación que se llama Telegram, con la denominación Dream Team. En ese grupo se fue incorporando gente que se incorporó a la pirámide. Con el correr del tiempo y teniendo en cuenta que era un requisito para poder participar en esas operaciones, donar un 5% de las ganancias, para obras de beneficencia se crea una fundación sin fines de lucro que recibe el mismo nombre. Ahí la confusión», explicó Zárate.
La magnitud del caso es significativa: se estima que las pérdidas podrían superar el millón de dólares.
A medida que la investigación avanza, surgen versiones que indican que los inversores podrían recuperar su dinero la semana próxima, siempre que la plataforma financiera vuelva a operar. Sin embargo, este escenario es incierto y no hay garantías de que ocurra.
La trama se intensifica
Según pudo conocer este medio, Claudio Murúa, empleado de EPEC y ex tesorero de la Fiesta de las Colectividades de Alta Gracia, ya cuenta con abogado defensor: el penalista Daniel Villar. Este letrado, además, es asesor legal de la municipalidad de dicha ciudad.
Desde el municipio informaron que Murúa renunció a la comisión de las colectividades antes de presentarse de manera voluntaria ante el fiscal Fernández, quien está a cargo de la causa. Trascendió que el mismo intendente Marcos Torres se notificó esta mañana de la representación legal de Murúa y habría manifestado su descontento con la decisión del letrado sugiriéndole que se que se aparte de la causa para evitar cualquier tipo de vinculación con el municipio que conduce.