MANILA, Filipinas (AP) — Un grupo liderado por activistas de izquierdas presentó el miércoles una segunda denuncia para un juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas por presunta malversación de fondos gubernamentales y exigió que se le inhabilite permanentemente para ocupar cargos públicos.
La denuncia de juicio político presentada por al menos 74 activistas, entre los que hay defensores de los derechos humanos, laborales y estudiantiles, ante la Cámara de Representantes refleja la magnitud de las hostilidades políticas que enfrenta Sara Duterte. La vicepresidenta no realizó comentarios de inmediato sobre la nueva iniciativa, ni acerca de la primera, presentada el lunes.
Duterte, una abogada de 46 años, es hija del también controvertido expresidente Rodrigo Duterte, quien supervisó una sangrienta campaña antidroga mientras ocupó el cargo. La matanza de miles de sospechosos durante esas operaciones está siendo investigada por la Corte Penal Internacional como posible crimen contra la humanidad.
Su principal rival político ha sido el presidente, Ferdinand Marcos Jr., a quien la vicepresidenta amenazó de muerte en una conferencia de prensa online el 23 de noviembre.
Investigadores gubernamentales han iniciado una investigación penal sobre esas amenazas contra Marcos, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes, un primo y aliado del mandatario. Duterte ha intentado retractarse de sus comentarios diciendo que no eran una amenaza directa, sino más bien una expresión de preocupación por su propia seguridad.
En la denuncia presentada el miércoles se acusa a la vicepresidenta de “traición a la confianza pública por el uso ilegal y mal manejo de 612.5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) en fondos confidenciales”, según un comunicado de los demandantes.
Según el documento, además del presunto mal uso de los fondos confidenciales e inteligencia, la vicepresidenta y su equipo habrían intentado encubrir las irregularidades presentando informes, recibos y documentos falsificados a la Comisión de Auditoría y obstruyendo deliberadamente una investigación del congreso.
Señaló que en diciembre de 2022, la oficina de la vicepresidenta gastó 125 millones de pesos (dos millones de dólares) en 11 días durante las vacaciones de Navidad en gastos sospechosos, incluyendo el alquiler de “alojamientos seguros”, pagos por información confidencial no especificada y financiación de recompensas, lo cual no habría sido explicado de forma clara por Duterte.
“Malgastar los fondos confidenciales es una gran traición al pueblo”, dijo Liza Maza, una de las principales denunciantes de la coalición política Makabayan. “Esto no es solo una simple violación técnica, sino un mal uso sistemático y robo de fondos públicos”.
“El juicio político es el antídoto contra la impunidad”, apuntó Renato Reyes, de otra coalición política de izquierdas, Bayan. “Los ciudadanos y contribuyentes necesitan responsabilizar a los funcionarios públicos”.
El lunes, un grupo de activistas de la sociedad civil, incluidos sacerdotes católicos y activistas prodemocracia, presentaron una primera denuncia de juicio político que contenía unas 24 presuntas infracciones e irregularidades, incluidas sus amenazas de muerte contra Marcos y su presunto papel en las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos relacionados con el narcotráfico durante la campaña de represión de su padre. También se le acusó de no enfrentar la agresión china en el disputado Mar de China Meridional.
Las denuncias de juicio político serán examinadas por la Cámara de Representantes, dominada por aliados de Marcos y su primo y principal apoyo, el presidente de la institución, Martin Romualdez, quien también tiene desacuerdos políticos con vicepresidenta.
El proceso podría durar semanas o meses. El Congreso comenzará su receso navideño el 20 de diciembre y retomará la actividad el 13 de enero. Muchos legisladores comenzarán entonces a hacer campaña para la reelección antes de las elecciones de mitad de legislatura previstas para el 12 de mayo.
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Los periodistas de The Associated Press Aaron Favila y Joeal Calupitan contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.