Juan Pazo es abogado, estuvo vinculado al gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019 y luego continuó en la gestión privada.
La llegada a la Presidencia de Javier Milei lo ubicó como funcionario clave del ministro de Economía Luis Caputo, ya que era el encargado de establecer el contacto con los principales referentes de las cámaras empresarias, desde los industriales de la UIA hasta las entidades del agro, de la ganadería y de la pesca.
Hace apenas unos días, Pazo había sido anunciado como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, un área que depende de Cancillería, pero la salida de Misrahi obligó al Gobierno a reorganizar esa área.
Durante el gobierno de Mauricio Macri fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, y desde enero de ese año hasta diciembre de 2019, fue Superintendente de Seguros de la Nación.
Fue CEO de las empresas textiles del empresario Francisco De Narváez, y tuvo un breve paso por la política en el 2009, cuando ganó las elecciones a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, derrotando a Néstor Kirchner.
También fue director ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa y de la empresa ganadera Invernea SA.
El despido de Florencia Misrahi
El Gobierno nacional desplazó este sábado a la titular de la ex AFIP ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, Florencia Misrahi, por orden del presidente Javier Milei, informó el vocero presidencial Javier Adorni.
La funcionaria saliente había sido designada mediante el decreto 954/2024 en octubre pasado, cuando el Poder Ejecutivo disolvió la AFIP y le dio curso al nuevo organismo.
Tras su nombramiento, Misrahi debía estar a cargo de la entidad recaudadora por cuatro años, pero fue removida este sábado por el gobierno de Milei.
La entidad que conducía la ex funcionaria se formó tras la disolución de AFIP y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía. ARCA tiene a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros.
Su creación se llevó a cabo para «mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo», según indica el decreto que creó el organismo.