En diciembre de 2023, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mercedes, presidido por el juez Ignacio Racca. Este caso, que en un principio parecía una simple controversia del mundo del espectáculo, terminó involucrando acusaciones graves de trata de personas, corrupción de menores y connivencia judicial.
Una distracción mediática
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mercedes, presidido por el juez Ignacio Racca, había condenado a Valenzuela a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños. Sin embargo, mientras la opinión pública debatía sobre posibles estigmatizaciones sociales hacia el cantante por su origen humilde, nuevas acusaciones surgieron. Según denunció la Procuraduría de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Secuestros Extorsivos (PROTEX), liderada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, Valenzuela estaría implicado en una causa mucho más oscura.
La denuncia, interpuesta por una fundación que asiste a víctimas de trata, describió un operativo de allanamiento ocurrido el 6 de junio de 2023 en la vivienda del cantante, ubicada en Moreno. Durante ese procedimiento, realizado por la DDI de Moreno/General Rodríguez y ordenado por el fiscal Leandro Ventricelli, se habría omitido intencionalmente documentar la presencia de menores de edad en el lugar. Una de ellas, identificada como Milagros J., era menor al momento del allanamiento, y los denunciantes sostienen que hubo un encubrimiento deliberado.
Contra el entorno de L-Gante
La denuncia también vinculó al entorno de Valenzuela, autodenominado «La Mafilia», con actos de intimidación hacia las víctimas y testigos. Este grupo, según los denunciantes, operaría como una organización mafiosa que protege las actividades delictivas del cantante. La PROTEX, tras recopilar evidencia contundente, trasladó la causa al Juzgado Federal N.º 1 de Morón, a cargo del juez Martín Ramos y del fiscal Sebastián Basso. La causa, caratulada bajo el n.º 37370-20204, apunta al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, según el artículo 145 Bis del Código Penal.
Un fragmento de la denuncia resultó especialmente revelador: “En el video del operativo, viralizado masivamente, se puede observar en el lecho del detenido a jóvenes mujeres menores de edad. Una de ellas, la Srta. Milagros J., tenía datos de filiación que fueron omitidos o alterados por el personal interviniente”. También se acusó a los agentes judiciales y policiales de alertar a Valenzuela sobre el allanamiento, facilitando así la ocultación de pruebas.
Conexiones con Yao Cabrera
La denuncia adquirió mayor gravedad al asociar a Valenzuela con el youtuber Yao Cabrera, recientemente condenado a cuatro años de prisión efectiva por trata de personas y corrupción de menores. Cabrera y Valenzuela habrían compartido proyectos, como el evento “La Gran Pelea” en el Teatro Gran Rex, y se sospecha que ambas organizaciones delictivas podrían estar vinculadas. Según el documento, la red de Cabrera habría operado para captar menores vulnerables mediante plataformas como OnlyFans, explotándolas con fines sexuales.
El juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, también había dictado condenas contra Cabrera, incluyendo la conexión de estas actividades con lavado de activos. La similitud entre las prácticas de ambas organizaciones refuerza las sospechas sobre un esquema criminal conjunto.
«Es el momento de dejar claro que si en ese allanamiento había menores de edad, que si se fraguaron las actas, que si los empleados judiciales y policiales) DDI de Moreno y Fiscalía de General Rodriguez fueron arreglados y se negoció un allanamiento light, lejos está este caso de ser un acto de estigmatización o discriminación con tintes racistas contra el musico. De hecho si un Juez federal le dice públicamente, y ante camaras y microfonos, en una cuasi cadena nacional, a su condenado que el mismo tiene poder, es una clara confesión de partes con la clara intención de jugar para las cámaras y no a favor de la verdad y la consecuente justicia. El discurso parece dejar en claro que en nuestro país si tenés poder económico para fraguar actas judipoliciales en un allanamiento, lejos se puede juzgar a nuestra sociedad de ser discriminatoria contra los humildes», señaló Jorge Zonzini, quien también impulsó desde lo mediático la causa contra el Youtuber,
El “operativo distracción”
Los denunciantes también señalaron la existencia de un supuesto “opertivo distracción”, destinado a desviar la atención mediática y minimizar las imputaciones contra Valenzuela. Según la denuncia, esta estrategia se basó en explotar conflictos amorosos con figuras como Wanda Nara, Mauro Icardi y Tamara Baez. La campaña estaría diseñada para ocupar titulares y reducir el impacto del caso judicial.
Por otro lado, los abogados de Valenzuela y Cabrera, Alejandro Cipolla y Guillermo Gastón López, fueron acusados de entorpecer las investigaciones mediante amenazas y manipulaciones mediáticas. Estas acciones incluían la difusión de gacetillas falaces y el amedrentamiento de periodistas e influencers.
«Mi acción solo de remite visibilizar y plantear un debate serio sobre lo ocurrido y desmentir que Valenzuela sea un perseguido por sus orígenes humildes y aleatorios. De hecho hubo un hecho inaudito que fue cuando su Ignacio Racca, con cierta admiración le expresó al condenado que él era un ejemplo para los jóvenes citándole frases cinematográficas dejando por sentado que L-Gante tenía poder y ese poder conllevaba responsabilidades», apunta Zonzini, quien agrega: » un sector del panelismo no apunta a cuidar a nuestros menores vulnerables sino que prefiere proteger a quien les genera algún medio punto más de rating».
Avances en la investigación
El manager de medios Jorge Zonzini fue una de las voces más críticas en este caso. Según él, la condición social de Valenzuela no debería utilizarse como argumento para desviar la atención de las graves acusaciones que enfrenta. “No se trata de discriminación, sino de hechos delictivos”, afirmó. También destacó la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar que el sistema judicial actúe con imparcialidad.
Con el respaldo de la PROTEX, el entrecruzamiento de datos entre los juzgados de Morón, Campana, Escobar y San Martín está arrojando nueva evidencia que refuerza las imputaciones. La causa se encamina a determinar la responsabilidad de Valenzuela y su entorno en delitos de trata de personas y corrupción de menores, delitos que podrían derivar en penas de prisión efectiva.
Mientras tanto, las preguntas persisten: ¿Hasta dónde llegarán las ramificaciones de este caso? ¿Cuáles serán las consecuencias para un sistema judicial que, según la denuncia, también está bajo sospecha? Por ahora, lo único claro es que la justicia está siendo puesta a prueba en un caso que expone las fisuras del sistema y los riesgos de la connivencia entre el poder y el delito.
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por R.N.