El Comité Económico y Social (CES), organismo consultivo del gobierno formado por patronal y sindicatos, ha criticado al Gobierno por iniciar los trámites legislativos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin haber estudiado «en profundidad» antes sus posibles impactos económicos. El ente presidido por Antón Costas ha emitido este miércoles un dictamen en el que también recoge «la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral», si bien reconoce «diferencias significativas» entre patronales y sindicatos al respecto».
El CES -compuesto por patronal y sindicatos- también se manifiesta partidario de permitir una entrada en vigor «más flexible» de la ley y permitir a determinados sectores o actividades aplicarla más tarde. Algo que divide a los socios de coalición, ya que Sumar es partidario de que todas las empresas apliquen la norma a 31 de diciembre de 2025 y el PSOE se abre a dar más margen a las empresas de 50 o menos empleados.
«En opinión del CES resulta aconsejable dotar al Anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma. Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras», reza el dictamen. Además de «contemplar un régimen transitorio suficiente que permitiera a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas».
El organismo presidido por Anton Costas critica que la «justificación económica de la reforma […] está basada en un análisis de los impactos económicos esperados insuficientemente fundamentado e incompleto» y considera que la norma hubiera requerido de un «estudio en profundidad» de sus impactos tanto directos como indirectos, como a corto y medio plazo, según recoge el documento aprobado este miércoles al mediodía por el organismo.
El pasado 4 de febrero el Gobierno aprobó, tras una honda y pública división entre socios, el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral. El Consejo de Ministros validó el documento pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Documento que no contó con el apoyo de la patronal, que se ha desmarcado del contenido tras 11 meses de negeociaciones -empezaron formalmente en enero del 2024 y acabaron a finales de noviembre- y ha dejado constancia de ello durante las deliberaciones del CES.
El dictamen de este organismo es uno de los varios pasos previos antes de que la norma entre al Congreso de los Diputados, allí negocien los grupos parlamentarios y voten para aprobar o no la norma.
«La trascendencia económica de la reducción de la jornada hubiera requerido de la realización de un estudio en profundidad»
Normativamente toda ley que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso para ser aprobada debe ir acompañada de, entre otros, una memoria de impacto económico. Y el presentado por el Ministerio de Trabajo para la reducción de jornada no ha satisfecho a una mayoría dentro del CES. «La trascendencia económica de la reducción de la jornada máxima legal, que afecta a los intereses económicos de una parte muy sustancial de las personas trabajadoras y de las empresas españolas, hubiera requerido, en opinión de este Consejo, de la realización de un estudio en profundidad«, critica el organismo presidido por Anton Costas.
La entidad colegiada se muestra descontenta también con otros aspectos de la redacción de la norma. «Una iniciativa de esta naturaleza y alcance hubiese requerido de una exposición de motivos elaborada con más detenimiento y precisión en su fundamentación jurídica, económica y sociológica», afirma.
«A modo de ejemplo, el preámbulo de la norma contiene referencias a determinados sectores, como comercio, hostelería y agricultura, que, según el texto, presentan mayor intensidad de personas no cubiertas por convenios colectivos, induciendo a error sobre realidades sectoriales con una sólida tradición negocial», menciona.
Registro para las empleadas del hogar
El CES se ha pronunciado también sobre la reforma del registro de jornada que el Ministerio de Trabajo pretende introducir dentro de la norma. La filosogía que traslada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es que de nada vale reducir sobre el papel el tiempo de trabajo si no se habilitan mecanismos para computar efectivamente cuánto se trabaja y si se está cumpliendo efectivamente con la norma.
En ste sentido, el CES hace suyo el criterio ya manifestado por la justicia europea de que las empleadas del hogar, pese a ser un colectivo con una casuística particular ya que operan en domicilios privados, no por ello deben dejar de registrar su jornada y que «resulta plenamente aplicable a estas trabajadoras».
Malestar con la urgencia
También reprocha al Ministerio de Trabajo los tiempos que ha imprimido para empezar a tramitar la ley. Trabajo estuvo negociando, antes de dar por imposible que la patronal se sumara al acuerdo, durante 11 meses. Y en acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar figura que la jornada laboral máxima debiere ser de 37,5 horas en 2025. Ya, en aras de dar espacio a los empresarios, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tuvo que renunciar al paso intermedio que también recoge el acuerdo ejecutivo y que situaba las 38,5 horas en 2024.
Para poder cumplir con esa promesa de tener en vigor la norma antes del 31 de diciembre de 2025, Díaz presionó a su socio de Gobierno para tramitar por la vía de urgenica la norma. Y esto también lo critica el CES.
«Hubiera sido deseable que el Ministerio hubiera […] consultado primero a la ciudadanía y con posterioridad a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y todo ello siempre con carácter previo a la solicitud de dictamen del CES». Ya que le hubiera gustado tener más tiempo para ponderar «cuestiones de gran complejidad e importancia» como las que pretende regular la norma. La patronal, en un comentario particular dentro del dictamen, critica la «excesiva premura», «lo ajustado del plazo» y «además en pleno periodo navideño».