El Gobierno viene apelando durante los últimos días a todas las formaciones políticas, especialmente al PP, a tener responsabilidad de Estado para sumarse al plan de rearme pactado en Bruselas por la situación en Ucrania. Los llamamientos a mostrar “sentido de Estado” se suceden y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pedía directamente en el Congreso la “unidad de todas las fuerzas políticas” y un “apoyo” a la hoja de ruta del Ejecutivo en política exterior en línea con los consensos europeos. Sin embargo, no se menciona directamente la necesidad de un pacto de Estado en defensa, y es que en Moncloa asumen que no hay consenso para ello. Aun a la espera de cómo se desarrolla este jueves la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios convocados por Pedro Sánchez en Moncloa, fuentes del Gobierno reconocían que “no está el país para pactos de Estado” en esta materia.
Pesa tanto la división de sus socios, que desconfían de recortes sociales pese a las garantías de blindar el Estado de bienestar que les trasladará hoy Sánchez, como la desconfianza sobre la estrategia de oposición del PP. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, lamenta tanto las formas del Gobierno, al no darle un trato preferente, como la falta de información, para evitar una adhesión sin condiciones.
Un ministro del núcleo duro del presidente del Gobierno recriminaba para rebajar las expectativas ante un gran acuerdo que líder de la oposición “no se ha ofrecido”. Reprochaba también que por el momento los populares no estarían abordando “estos temas con altura de Estado”. La contestación venía desde la tribuna por parte de la diputada del PP al titular de Exteriores: «No pueden insultarnos un día y pedirnos ayuda en otro».
La desconfianza es mutua. Aunque las familias europeas de socialistas y populares tienen una posición común, a nivel de la política doméstica se evita visibilizar esta coincidencia. “Si creen que sus votos servirán para boicotear, los usarán”, advertían desde el ala socialista del Ejecutivo. Entienden que el PP priorizará un castigo al Gobierno en lugar de apoyar una cuestión como el aumento del gasto en defensa que pide la UE. Como ejemplo citan su rechazo al decreto ómnibus donde se incluyó la revalorización de las pensiones.
Más allá de lo discursivo, desde la Moncloa tampoco han hecho grandes esfuerzos por apuntalar un pacto de Estado que blinde el compromiso de España con el plan de rearme. En primer lugar, porque consideran que todavía hay camino por recorrer para acabar de definir en Bruselas tanto la financiación como las prioridades de lo que se entiende como seguridad. Pedro Sánchez apuesta por las transferencias y la emisión de eurobonos, como durante la pandemia, para afrontar el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB con la menor afectación posible a las arcas públicas y salvar el Estado de bienestar.
Sánchez busca apoyos entre los frugales
Una posición que se encuentra con el rechazo de partida de los países frugales, entre los que habitualmente se sitúa Finlandia. El jefe del Ejecutivo logró limar estas asperezas con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, con quien se reunió ayer en Helsinki. «Estamos abiertos a distintos tipos de instrumentos, por eso hemos cambiado nuestra posición tradicional», explicó Orpo en rueda de prensa conjunta con Sánchez. El encuentro dio sus frutos, pues según el primer ministro de Finlandia, si en «el pasado de Europa ha sido frugal», en estos momentos deberá «abrirse a la financiación» para la seguridad.
Sánchez dio por hecho su apoyo, y se refirió a un nuevo instrumento financiero: «Debemos pensar no solo en préstamos, sino también en subsidios». Su baza para conseguir más apoyos es que no se vea como una inyección solo a los países del sur, más endeudados, sino a los del flanco oriental. «Igual que durante la crisis del covid, para los que se vieron más perjudicados», defendió.
En el espacio de Sumar son menos optimistas respecto a que se logre un consenso de los Veintisiete. No solo para implementar estos mecanismos de financiación que suavicen el impacto económico en las arcas públicas, sino para incluir dentro del cómputo del gasto en defensa cuestiones más transversales. Dentro de un foco amplio de la seguridad, como serían la ciberseguridad, pero también la cooperación, la lucha antiterrorista o la IA. Por ello se insiste en que la amenaza no viene solo del flanco este, por la amenaza expansionista de Rusia, sino del flanco sur, por la situación en el Sahel. Y es que desde Sumar reconocen que partidos de su misma familia en Europa, como los polacos, tienen una visión más convencional, centrada más en el armamento para defender sus fronteras.
Debate sí, votación no
Tanto en el PSOE como en la parte de Sumar en el Gobierno señalan que tienen «posiciones comunes». Otra cuestión es la oposición orgánica dentro del espacio de Sumar, abanderada por Izquierda Unida y Compromís. Insisten además en la necesidad de plantear un gran debate sobre “qué modelo necesitamos de Defensa”, desde la convicción de que “hay una nueva situación geopolítica en el mundo” por el golpe al multilateralismo de Donald Trump. Sin embargo, reconocen que no hay “serenidad” en estos momentos para abordarlo ni tampoco bases para derivarlo en un pacto de Estado. Por eso, remarcan que debe haber un “debate” en el Congreso, pero rechazan la posibilidad de buscar su ratificación vía votación. Al menos por el momento, en línea con la posición de Moncloa.
Con matices, los socios del arco parlamentario se oponen a este plan. Desde Podemos, que piden la salida de la OTAN, unas posiciones que también desde EH Bildu, hasta Junts que pide garantías para no recortar en servicios sociales. En este contexto, en el Gobierno dan por hecho que el aumento del gasto se producirá aun sin Presupuestos y recurriendo a fórmulas que eviten el Congreso. A través de partidas aprobadas directamente en el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Contingencia o el recurso a las transferencias de crédito a Defensa desde otros ministerios.