Dicen que si se pretende que algo se haga, se le debe encomendar a una mujer ocupada. Esa es sin duda la jueza que investiga la muerte de 225 personas, 228 contando a los desaparecidos, por la dana que asoló Valencia en octubre. Soy muy fan. Se llama Nuria Ruiz Tobarra y preside desde hace casi dos décadas el tribunal de instrucción número 3 en la localidad de Catarroja al que ha correspondido el caso. Madre de tres hijos y casada con otro magistrado, está llevando a cabo un análisis más que exhaustivo de lo que sucedió la infausta jornada. Con tesón y delicadeza, afirman quienes la conocen y también los que más interés tienen en esclarecer responsabilidades, que son los familiares de las víctimas. No hay fotos publicadas de esta jueza que parte de una premisa bastante simple: que los bienes materiales iban a sufrir por la aguada pero las personas podrían haber sido avisadas y salvarse. Las estrellas de la periferia, ya se sabe, no relucen tanto como las de la capital. Ni falta que hace. En los escasos perfiles que de ella se han publicado destacan su minuciosidad y su empatía. Con quienes perdieron a sus seres queridos, se entiende, no con quienes pueden malograr el cargo y/o las próximas elecciones. Una mujer trabajadora que investiga por qué alguien no cumplió con su obligación y desatendió su responsabilidad, con el peor resultado posible. Una profesional seria que se expresa en autos perfectamente inteligibles y argumentados. En el del lunes pasado deja claro que correspondía al Gobierno de Valencia alertar a la población.
La jueza Ruiz Tobarra ha imputado a la exconsellera de Interior Salomé Pradas, la primera competente en emergencias en un desastre como la dana, a la que su jefe Carlos Mazón sacrificó para mantenerse a flote. Y de pasada recuerda que él, atrincherado tras su aforamiento, puede acudir a su despacho para contestar a unas cuantas preguntas de forma voluntaria. Me ha sonado igual que cuando le digo a mis hijos, «que no tenga que ir yo a buscarte», pero el todavía presidente de Valencia no pilla el mensaje. Sigue convencido de que no dar explicaciones de su desidia el día de autos es una opción que le permitirá acabar la legislatura, inaugurar un par de obras de reconstrucción y presentarse como candidato para un próximo mandato. Esa foto entrando en el juzgado la teme el gran procrastinador. No ha debido leerse a fondo el auto que sostiene que avisaron tarde y mal, pese a la información disponible y los numerosos indicios. Mazón vuelve a marear la perdiz como aquella tarde, cuando desapareció del radar mientras sus conciudadanos se ahogaban. Pierde el tiempo en su ansia de ganar tiempo, valga la paradoja. Porque la instrucción sigue, pregunta a pregunta, informe a informe. Y terminará más pronto que lo que le gustaría, diligencia viene de diligente.
Que el presidente de Valencia se haga el longuis entra dentro de lo esperable. Más difícil resulta que el líder de su partido le siga respaldando en su loca huida a ninguna parte. Cada día sale un preboste del PP a farfullar débiles excusas de procedimiento y respeto a la justicia para mantener a su barón al frente de la Generalitat, a sabiendas de que supone un lastre para las menguantes expectativas de Alberto Núñez Feijóo en su camino a la Moncloa. Cálculo electoral y justicia en el mismo lado de la balanza, pero ahí sigue Mazón. Por suerte, hay una jueza muy ocupada instruyendo la causa por 228 muertos que no parece dispuesta a alargar más de lo necesario la tribulación de las familias.
*Periodista