Con lo justo, el Gobierno logró el quorum para iniciar el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal. Fue alrededor de las 10.15 cuando con el aporte de Pro, la UCR y el peronismo no kirchnerista logró sortear el primer desafío y dar comienzo a una sesión que se prevé compleja.
Por ahora, el oficialismo solo tienen aseguradas 35 voluntades para aprobar las leyes, mientras que del lado del rechazo conviven 36. Se le sumaron al sector del “no” en las últimas horas los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, quienes condicionaron su voto a la probación del paquete fiscal y la reforma previsional. Solicitaron garantías a la Casa Rosada de que la Cámara de Diputados no insistirá con la versión original de la ley, echando por tierras las reformas obtenidas en las negociaciones con los senadores en las últimas semanas. El radical Maximiliano Abad, en tanto, todavía no definió su voto, que será decisivo para sellar la suerte de las propuestas del Poder Ejecutivo.
A pesar del golpe político que significó el anuncio de los senadores santacruceños, el oficialismo ratificó la convocatoria a la sesión. En gran parte ayudó el anuncio del radical Martín Lousteau (Capital) de que, a pesar de que votará en contra porque presentó un proyecto alternativo al del Gobierno, dará quorum para iniciar la sesión y a la hora de la votación. El presidente del Comité Nacional de la UCR ratificó su voluntad de participar de la sesión en una reunión que mantuvo con Villarruel en el despacho de la presidenta del Senado.
Pero la decisión del oficialismo es una apuesta muy riesgosa si se toma en cuenta que no tiene mucho margen para evitar que la oposición dialoguista le modifique al Gobierno muchos más artículos de los que pensaba ceder antes de que los santacruceños se rebelaran.
En ese sendero de incertidumbre y con severo riesgo de quedar en el camino entrarían artículos clave para el Poder Ejecutivo como la delegación de facultades legislativas, el capítulo de reforma del Estado, las privatizaciones, en particular la autorización para enajenar Aerolíneas Argentinas y el Correo y algunos artículos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La misma suerte correrían la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional y algunas disposiciones del blanqueo, que forman parte del proyecto de reforma fiscal.
“Hoy la prioridad no es la Ley Bases; hoy la prioridad son los jubilados y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarle a los jubilados”, anunció Carambia en un video que grabó junto a su comprovinciana.
Además de aprobar su primera ley y dar una señal de robustez al mundo, el gobierno de Javier Milei busca con la Ley Bases y el paquete fiscal instalar una segunda ronda de reformas estructurales, si se cuentan las ya incluidas en el DNU 70/23. Se trata de un compendio menor al inicialmente propuesto en la ley ómnibus, que contenía 664 artículos: el proyecto aprobado en Diputados contiene 232, que incluyen la declaración de emergencias administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, la privatización de nueve empresas: Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, de manera total, y AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales, de manera parcial. También contiene el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a US$200 millones.
Por su parte, el paquete fiscal reinstala la cuarta categoría de Ganancias para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos; un blanqueo de capitales sin penalidades para montos inferiores a US$100.000 y con alícuotas crecientes para el resto; una fuerte baja en Bienes Personales; una moratoria laboral, aduanera y tributaria, y un aumento en las escalas del monotributo.