Una segunda licitación ha posibilitado la adjudicación de la redacción del Plan Especial de adecuación ambiental de la zona sur de Lucena, concebido con la finalidad principal de ejecutar un desarrollo urbanístico básico en Campo de Aras. En un concurso público con la participación inicial de dos empresas, finalmente Narval Ingeniería aportará este servicio de asistencia técnica, por un importe aproximado de 215.000 euros.
En el año 2024, la delegación municipal de Urbanismo, apremiada por una eventual ejecución de la sanción dictada contra las captaciones hídricas de este territorio residencial y que amenazaba con la paralización del circuito de agua corriente para unas 1.000 familias, restaurantes e industrias, impulsó un primer pliego, finalmente desierto. El siguiente expediente, después de la preceptiva aprobación plenaria, atenuaba los requerimientos para la concesionaria y triplicaba el presupuesto movilizado, consignándose, en cuatro anualidades, 306.736 euros.
La mesa de contratación, reunida el pasado 6 de marzo, acordaba otorgar este contrato a la empresa Narval Ingeniería, después de resolver la exclusión definitiva de la otra propuesta, suscrita por José María Núñez Rubio, al carecer de la documentación exigida al cierre del plazo.
Solvencia y experiencia
Fuentes municipales indicen en la acreditada solvencia y experiencia de la adjudicataria, autora de similares planes en diversos lugares del panorama nacional.
El plazo de ejecución abarca, en sucesivas fases, 36 meses. En un inicio, los trabajos encomendados abarcan la actualización de la cartografía básica del ámbito de los planes parciales SR-1 y SR-2. El sector SR-3 dispone, previamente, de un instrumento de planeamiento oportunamente aprobado. Seguidamente, los propietarios de las aproximadamente 500 edificaciones agrupadas en Campo de Aras y zonas aledañas han de solicitar la declaración de asimilado a fuera de ordenación, condición indispensable para acceder a los suministros básicos. Este Plan Especial de Adecuación Ambiental dotará de las canalizaciones pertinentes a las superficies englobadas. Más adelante, solo las parcelas acogidas a la fórmula del AFO recibirán los servicios de luz, abastecimiento, saneamiento o telefonía.
El Ayuntamiento, explican las mismas fuentes, promueve y sufraga este documento técnico. Finalmente, los vecinos habrán de afrontar los gastos derivados de su ejecución. Desde el gobierno local, una vez culmine la formalización del contrato, pretenden mantener una reunión informativa con los vecinos implicados.
Transcurridos los tres años y finalizado este plan, la implementación consistirá en un proyecto de obras ordinario, para los planes SR-1 y SR-2 y, de otro lado, un plan de actuación provisional, por motivos anteriormente citados, dentro del SR-3.
Entretanto, en junio del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulaba la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, después de una denuncia formulada en 2021.