La brecha abierta entre los socios de coalición por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue agrandándose. Un choque que amenaza con materializarse en el Congreso y descuadrar las cuentas al ministerio de Hacienda. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, favorable a que tribute, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien apuesta por dejarlo exento, no han acercado posturas desde que el Ejecutivo aprobó la subida del SMI a 1.184 euros, según reconocen fuentes próximas a ambas.
Ante esta falta de entendimiento, desde Hacienda aseguran que mantienen su intención de presentar un veto del Gobierno a las iniciativas, entre otros de Sumar, para evitar su tributación. Desde el espacio que liderada Yolanda Díaz responden por su parte que lo tumbarán votando en contra en la Mesa del Congreso. Para ello deberán hacer pinza con el PP, aunque en el entorno de Díaz evitan confirmar contactos con los populares.
Fuentes del PP confirman que “harán lo que esté en su mano”, también en la Mesa del Congreso (en la que tienen cuatro miembros) para frenarlo. Sus votos con Sumar son suficientes. “Nuestro objetivo es que los trabajadores que cobran el SMI no tengan que tributar. Haremos todo lo posible”, recalcan.
El Ejecutivo argumentará afectación presupuestaria para presentar un veto a las tres iniciativas registradas para modificar la tributación del SMI. Una del socio minoritario del Gobierno, otra del PP y una última del PP. Aunque desde Sumar se mostraron convencidos en un principio de que Montero daría marcha atrás en sus planes, ante lo «impopular» de su planteamiento, en Hacienda son tajantes: “Lo vamos a vetar, en la próxima reunión de la Mesa del Congreso o en la siguiente”. La posición, añaden, no variará, por lo que el margen para negociar es prácticamente nulo.
Desde Moncloa trasladan que “la política fiscal la decide Hacienda” y, como desde que se inició el debate, justifican que “llegado un punto” de ingresos se deben comenzar a tributar. En esta línea, señalan que los 2.000 millones que se dejarían de percibir si no tributa el SMI desajustarían las cuentas, máxime después de que se haya tumbado el impuesto a las energéticas. Una cantidad que, dicen, sería el presupuesto total del Ministerio de Vivienda, y apelan a la necesidad de financiar el Estado de bienestar y los servicios públicos.
En Hacienda suman el argumento de que dejar exento de tributación el SMI Lo condenaría a que “esté congelado”, además de poner en riesgo el Estado de bienestar por el agujero en las cuentas. El enroque de Moncloa se combina con una labor de “pedagogía fiscal”, al argumentar que el Gobierno no ha subido los impuestos, sino mejorado las rentas y situado el SMI cerca del 60% del salario medio.
Dejarlo exento de cotización, por tanto, sería tanto como que no pagase impuestos casi la mitad de los trabajadores, según apuntan desde el departamento que lidera María Jesús Montero. Un debate que consideran pernicioso para la izquierda y que asocian a posiciones más ultraliberales, contrarias a la progresividad fiscal y los servicios públicos. De ahí, que remarquen que se trata de una cuestión “de principios”.
En caso de que se abra la vía parlamentaria, en el Ejecutivo se resignan a acatar lo que se vote en la sede de la soberanía nacional. Si el Parlamento aprueba las iniciativas para dejar exenta la tributación, explicaron desde el principio, «el Gobierno tiene que asumir la ley”.