En negociaciones que se extendieron hasta minutos antes de la votación en general, el Gobierno debió ceder nuevas modificaciones a la denominada Ley Bases. El esfuerzo oficialista estuvo destinado a tratar de sostener la amplia delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que concede el proyecto y, tal vez lo más importante para la administración de Javier Milei, las medidas centrales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Con los números ajustadísimos para la votación en general tras la rebelión de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano«>José María Carambia y Natalia Gadano, los enviados del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, debieron afinar el lápiz para tratar de sofocar los focos de rebeldía que amenazaban con arrebatarle al Gobierno las facultades delegadas, corazón de la iniciativa.
Así fue como en conversaciones contra reloj y con números más endebles para la votación en particular de varios artículos, la Casa Rosada aceptó eliminar, tal como había anticipado LA NACION, a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas públicas que la administración Milei pretendía privatizar.
A la nómina se sumaron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya exclusión también era reclamada por senadores de la oposición dialoguista del interior, sobre todo el bloque radical, y de fuerzas provinciales, como la rionegrina Mónica Silva (juntos Somos Río Negro).
No es el de las privatizaciones el único cambio importante que aceptó el Gobierno. También resignará su intención de eliminar la última moratoria previsional, reclamado por la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal).
Otro cambio fundamental que sufrirá el dictamen que se está discutiendo es el del financiamiento de las obras públicas. Ahora, el Gobierno se compromete a terminar de solventar aquellas que se encuentren avanzadas en un 80% de su concreción y las que tengan asegurados créditos de organismos internacionales. En este caso, la modificación fue una cesión al pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) y que el radical Martín Lousteau (Capital) había incluido en el dictamen alternativo al proyecto oficial que presentó el viernes de la semana pasada.
A pedido de Tagliaferri, el Poder Ejecutivo aceptó, también, comprometerse a financiar a aquellos organismos públicos que quedaran fuera del alcance de la reforma del Estado, como el Banco Nacional de Datos genéticos, el INTI, el INTA y el Conicet.
A pesar de que es una de las gemas del proyecto, el RIGI también sufrirá modificaciones. En el inicio de la sesión se anunció una flexibilización, a favor del Estado argentino, del tiempo que tendrá la administración pública para tramitar los denominados Vehículos de Proyecto Unico (VPU).
La modificación, reclamada por los senadores más críticos durante el debate en comisiones, busca evitarle al Estado eventuales denuncias ante tribunales internacionales por incumplimiento de los plazos. Así, la autoridad de aplicación tendrá 45 días desde la presentación del pedido de adhesión el régimen para decidir si lo aprueba o rechaza. Además, se establece que los tiempos procedimentales se interrumpirán ante la eventualidad de que el poder administrador reclame una audiencia con los inversores para aclarar cuestiones relacionadas con la documentación presentada.
Durante el transcurso de la tarde, se sumaron nuevos cambios. Así, se acotaron las áreas productivas que podrán participar del régimen a las actividades minera, tecnológica, forestal, energía, infraestructura y agroindustria. Este fue resuelto a pedido del kirchnerista Sergio Uñac.
Los cambios de último momento se extenderán al proyecto de reforma fiscal, en el que podrían sumarse modificaciones en el régimen de blanqueo de activos y en la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Todo indica que el oficialismo no conseguirá los votos para sostener el gravamen y que la iniciativa volverá a Diputados en segunda revisión sin una de las cláusulas pedida por varios gobernadores, ávidos por conseguir recursos para financiarse ante la decisión del Gobierno de cerrar el grifo, aunque de manera selectiva, de fondos nacionales a los distritos.
El tema generó preocupación en el oficialismo de Diputados, donde consideran que sería difícil conseguir la mayoría necesaria para revertir, cuando el proyecto vaya en segunda revisión, el eventual rechazo de la cláusula que restituye el impuesto. De hecho, el presidente de la Cámara baja, el libertario Martín Menem (La Rioja), se traslado por la tarde al Senado para hablar con Rolandi y tener de primera mano el pulso de la votación del artículo.
El anuncio de los cambios, que llevó adelante el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), fue el corolario del despliegue durante toda la jornada de Rolandi e Ibarzábal que, en contacto directo telefónico con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se instalaron en dependencias de la presidencia del Senado para escuchar los reclamos de modificaciones de senadores de la UCR y Pro en la Ley Bases y en la reforma fiscal.
En realidad, ambos funcionarios recorrieron despachos y pasillos de la Cámara alta durante toda la semana pasada, pero las definiciones se aceleraron en las últimas horas, sobre todo después de que Carambia y Gadano anunciarán que no van a votar el proyecto de Ley Bases, lo que dejó al oficialismo con los números muy ajustados.