Economía
A los trabajadores de los SRT les adeudan el sueldo de junio y el aguinaldo. Una visión jurídica de la situación, en medio de presiones para sumar retiros y el Procedimiento Preventivo de Crisis.
Desde el primer minuto de este viernes 5 de julio, los Servicios de Radio y Televisión (SRT) entraron en un proceso de incumplimiento en el pago de los salarios a sus trabajadores.
Por ese motivo, el núcleo de empleados a través de los gremios que los representan, realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba.
En la audiencia del pasado viernes, la empresa apenas pudo comprometerse a pagar “algo de los sueldos” el próximo lunes, alegando “falta de presupuesto”.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) son, como máximos accionistas (99,5% del total), las principales responsables de una situación “inédita”.
En esos términos consideró lo que genera la situación el abogado laboralista Eugenio Biafore.
Y consideró cuatro puntos centrales del momento actual, partiendo de que “el empleador tiene una primera obligación, que es la de pagar el trabajo realizado», y la gravedad de todo “parte de este incumplimiento”. Agregó que «sus empleados trabajan 30 días para recién cobrar y toda empresa debe realizar la previsibilidad del pago de salarios en todo ese tiempo”.
El profesional remarca que “los SRT tienen aportes de sus accionistas”, y cabe preguntarse “por qué no hubo previsibilidad”.
Y acotó: “Hay una relación que existe con un Procedimiento Preventivo de Crisis en marcha, pero en el cual no se solicitó ni como medida ni como advertencia el no pago de los salarios. Por eso tengo la hipótesis de que esto genera una mayor tensión al interior del conjunto de los trabajadores; porque podría pensarse que no se paga para que se sumen los ”retiros», los cuales se pueden dar en este contexto de presión. Y esto es un plus de gravedad».
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Luego le apuntó a que sea la UNC quien tenga la mayoría de acciones de los SRT. Según Biafore, “esto pone en una situación grave institucionalmente hablando”, porque “sobrepasa las cartas documentos, las intimaciones, los embargos o medidas cautelares para mantener los salarios”, sino que “pone en juego el valor mismo de la institucionalidad universitaria, de la cual todos estamos orgullosos”.
Por eso, adujo, esto se torna “un grito imprescindible hacer cesar esta situación”.
Y concluyó que los hechos “no pueden inscribirse en una mera derivación de la situación de crisis…”. Remarcó que “esta crisis que se vuelve a discutir tiene que ver con fondos públicos, y deben ser transparentados”.
Pidió, en esos términos, “restablecer un orden mínimo” para continuar con el Procedimiento Preventivo, el cual interpreta que “no podría continuar si no se regulariza el pago de salarios y aguinaldo”.
Tajante, el letrado indicó que “no pueden aparecer los fondos para retiros por un lado, y que no haya para el pago de salarios por el otro…”. Con tino, adujo que “la prioridad, hoy, son los salarios”.