El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfrentará el próximo miércoles una sesión complicada. No tanto por el temario del debate, sino por las cuestiones políticas, no exentas de polémica, sobre las que la oposición más dura montará una ofensiva para intentar exponer las debilidades y contradicciones del gobierno libertario.
La controvertida visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para entrevistarse con militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura será uno de los platos más fuertes de la sesión. El oficialismo intentó sofocar el episodio con su silencio aunque, conforme pasaron los días de aquel encuentro, éste fue adquiriendo ribetes de escándalo: dos de las diputadas que asistieron a la reunión –Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci– denunciaron que fueron “engañadas” y “estafadas” por su colega y organizador de la visita, Beltrán Benedit, al que apuntaron como el promotor de un proyecto de ley –supuestamente escrito por los propios represores y entregado en sobre cerrado a Benedit- cuyo fin sería lograr la prisión domiciliaria de aquellos mayores de 70 años.
“Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, dramatizó Arrieta quien, en una insólita justificación, admitió que, por haber nacido en 1993, “no tenía ni idea” quiénes eran los represores con los que se habían entrevistado, entre los que figuraba Alfredo Astiz.
Para desesperación del propio Menem y del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, las propias legisladoras –que insinuaron que podrían irse del bloque- dijeron públicamente que avalarían en el recinto la propuesta del kirchnerismo para que se conforme una comisión que evalúe las conductas de los seis libertarios. Lo mismo anticipó otro de los integrantes del bloque, aunque no partícipe de la visita, Carlos D’Alessandro. Música para los oídos de Germán Martínez y sus huestes de Unión por la Patria, que en la sesión machacarán sobre el escándalo.
“No fue una visita aislada, como se nos quiere hacer creer; en realidad hubo al menos tres reuniones que han protagonizado en el último tiempo legisladores y dirigentes libertarios al penal de Ezeiza. Con el agravante de que tendrían como objetivo último la promoción de un proyecto de ley para beneficiar a los represores”, acicatea la diputada Cecilia Moreau.
El revuelo coloca en un dilema a los opositores dialoguistas que, si bien coinciden en condenar la actitud de los seis diputados oficialistas, no creen que el episodio merezca más que una expresión pública de repudio. El problema es lo que pueda suceder en el fragor del debate: si el kirchnerismo presiona por la creación de una comisión que evalúe sus conductas, es probable que buena parte de los dialoguistas acompañen. Sería un revés para Menem y Bornoroni, quienes en todo momento procuraron restarle trascendencia a la situación.
Otro momento de tensión se suscitará cuando en el recinto se discutan las designaciones para cubrir las tres vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) que le corresponden a la Cámara de Diputados. Tal como anticipó LA NACION, el oficialismo quedaría fuera de la compulsa luego de que los bloques de la oposición cerraran un acuerdo para que Mario Negri, exdiputado de la UCR, ocupe una de esas tres vacantes que le corresponden a la Cámara baja en el colegio de auditores, la cual también es pretendida por los libertarios.
Con el aval explícito de Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, sumado al apoyo tácito de los 99 diputados de Unión por la Patria, Negri se aseguraría el lugar en el estratégico organismo de control, mientras que Pro, también con el apoyo de Hacemos Coalición Federal, promoverá al macrista Jorge Triaca. Unión por la Patria, que originalmente pretendía dos vacantes, obtendrá solo una, aunque todavía no definió su candidato.
En el oficialismo no dan la batalla por perdida, aunque por ahora no tienen los votos para entronizar un candidato propio –se menciona a Santiago Viola, apoderado del partido– como futuro auditor. El riojano insiste en que a su bancada le corresponde un lugar en su condición de oficialista y segunda minoría en el cuerpo.
El recinto también será el ámbito de resonancia que aprovechará el kirchnerismo para plantear su rechazo al último decreto de necesidad y urgencia que dictó el Gobierno, aquel por el cual aumentó en $100 mil millones los gastos reservados de la resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El decreto en cuestión ingresó recién el jueves pasado al Congreso, por lo tanto todavía rigen los plazos que prevé la ley para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo; ergo, cualquier tratamiento anticipado del decreto requeriría el voto de los dos tercios de los diputados presentes. El oficialismo, sin embargo, pretende demorar el tratamiento del polémico decreto; de hecho, no lo incluyó en el temario de la reunión que tendrá la comisión bicameral el próximo jueves. Un sector de la oposición analiza la posibilidad de impulsar una iniciativa para apurar este trámite.
En paralelo, los kirchneristas pergeñan como estrategia presentar un proyecto de tipo declarativo –es decir, no vinculante- para expresar el rechazo a que el Poder Ejecutivo dicte un decreto de esta connotación en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno. “Será el primer test previo a la ofensiva para rechazar el decreto, cuando venzan los plazos”, deslizan en la bancada que conduce Martínez.