Para ser «un hito que marcará un antes y un después en la historia económica argentina», el proyecto de presupuesto de Javier Milei muestra demasiadas coincidencias con el estilo de los presupuestos tradicionales de los gobiernos peronistas. Es cierto que la promesa del déficit cero cayó bien en los mercados -aunque también hay antecedentes históricos de ese tipo que resultaron mal, como la ley de Fernando de la Rúa en 2001-, pero lo que llamó más la atención fue la persistencia en subestimar la inflación.
Lo cierto es que es difícil, hasta para los más optimistas de los partidarios de Milei, confiar hoy en la posibilidad de que la inflación de 2025 baje hasta 18,3%. Esa cifra implicaría un promedio de inflación mensual inferior al 1,5%, cuando hoy los economistas están comprobando la dificultad para romper el «piso» de 4%.
De hecho, hasta se está especulando con una nueva postergación de incrementos tarifarios, como forma de ayudar a que en los últimos meses de 2024 se pueda producir una baja. Pero, aun así, el descreimiento con las proyecciones oficiales es manifiesto.
Y el riesgo más evidente es que todas las proyecciones para 2025 pueden caer rápidamente en el descrédito si en los meses que restan hasta fin de año no se produce un freno a los precios. Ocurre que, al estimar en 104,4% la inflación para el 2024, y teniendo en cuenta que hasta agosto ya se acumuló un 94,8%, esto implicaría que en todo el cuatrimestre septiembre-diciembre se debería acumular una inflación de 4,8%. Es decir, que en cuatro meses haya aumentos por un monto similar al que se registró solamente en agosto.
Es posible que, ante las dudas, el gobierno aclare que sus cifras de inflación no corresponden a un cálculo «punta a punta» sino que son un promedio anual. Pero, aun así, para que este año termine con 104,4%, se necesitaría que el promedio mensual -que actualmente es de 8,7%, cayera bruscamente hasta 6,4%. Para esto se necesitaría que de aquí a fin de año el IPC cayera debajo del 3%.
Y las proyecciones de todas las consultoras y bancos, constatables tanto en la encuesta REM como en todos los reportes, marcan cifras muy por encima de la proyección oficial.
En cualquier caso, uno de los mayores riesgos para el «presupuesto de déficit cero» es que, si se termina el 2024 ya con un error de estimación, rápidamente se descarte por inverosímil el cálculo para todo el 2025.
El motivo para subestimar al IPC
Ante ese riesgo, el interrogante que se plantea en el mercado es el de por qué un gobierno estaría dispuesto a «rifar» su credibilidad, cuando justamente lo que busca con el proyecto de presupuesto es generar confianza entre los inversores y hacer caer el índice de riesgo país.
Y la respuesta, paradójicamente, la dan los antecesores de Milei: ha sido una marca histórica de los presupuestos peronistas la subestimación de la inflación proyectada, como forma de incidir sobre las expectativas del mercado.
En otras palabras, porque al proyectar una inflación baja, se espera que tanto los precios como los salarios tomen a la nueva cifra oficial como referencia y abandonen el mecanismo de indexación que toma en cuenta los números ya ocurridos en los meses pasados.
Es un tipo de política que no sabe de ideologías ni de banderas políticas: todos han intentado, de alguna forma, convencer al mercado de que cada ajuste de precios debe ser progresivamente inferior, porque la inflación irá en un camino descendente.
El propio Luis Toto Caputo, en un gobierno que ha proclamado su preferencia por la libre negociación de los salarios, ha demostrado que, ante casos que percibe que podrían generar «efectos contagio», no tiene problema en imponer un techo salarial.
Es por eso que Caputo incurrió en una de las conductas que más irritó a la central sindical CGT: la no homologación de acuerdos salariales, algo que en términos concretos implica el veto a las paritarias que incurrían en «excesos». Ocurrió a principios de año en el caso emblemático del gremio camionero, y luego tuvo otros capítulos en el sector público, en la industria del neumático y, más recientemente, en el sindicato aceitero.
En todas esas situaciones, Caputo dejó en claro que considera que uno de los factores que pueden atentar contra el proceso de desinflación es un desborde en las paritarias.
«Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», decía el ministro en abril, cuando intervino directamente en la negociación del gremio camionero.
Era un momento en que Caputo estaba enojado con los empresarios, porque habían remarcado los precios pensando en un escenario de disparada del dólar, y luego, en vez de corregir a la baja, optaban por hacer promociones. «Pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».
Los parecidos con los presupuestos peronistas
Lo curioso es que esta estrategia de subestimar la inflación como forma de manejar las expectativas y contener la gimnasia indexatoria tiene una larga tradición. Y se vio, con particular intensidad, durante la última gestión peronista.
Tanto en los presupuestos elaborados por Martín Guzmán como por Sergio Massa se proyectaron cifras que no se confirmaron luego en los hechos. Es más, algunos de ellos –como el presupuesto 2023 de Massa con un IPC de 60%- directamente eran objeto de burla, porque la expectativa generalizada era de más del doble.
Sin embargo, había una lógica detrás de esa estrategia: no convalidar un espiral de aumentos indexados según la inflación pasada. Así, Massa se aseguraba que la cúpula sindical, al negociar las paritarias de inicios de año, se mantuviera en línea del cálculo oficial, para no poner en riesgo su objetivo desinflacionario en un año electoral.
La promesa del ex ministro era que, si antes de fin de año se alcanzaba la cifra proyectada en el presupuesto, entonces se reabrirían las negociaciones o se fijaría una «cláusula gatillo» de ajuste automático. El objetivo explícito era evitar que las empresas, ante la imposibilidad de asimilar los aumentos salariales, trasladaran ese mayor costo a los precios.
Más sutil había sido la experiencia de Martín Guzmán, que subestimaba la inflación para poder sostener un discurso de «recuperación del salario». Su estrategia era simple: pedía a los dirigentes de los principales gremios, que cerraran apenas unos puntos por encima de la inflación proyectada, que siempre eran cifras de las que el mercado descreía. Luego de la primera mitad del año, cuando ya quedaría evidente que la proyección oficial quedaría superada, aceptaba las reaperturas de negociaciones con cláusulas de revisión, pero su objetivo de contención en el arranque del año ya había quedado cumplido, sobre todo para aquellos gremios que más influyen sobre el plano fiscal, como los de los trabajadores estatales.
Así, en 2021, Guzmán convenció a los sindicatos de cerrar acuerdos en torno al 35% porque la meta oficial de inflación era de 29%. Claro, el discurso oficial apuntaba que, de esa forma, sería un año de recuperación salarial, pero la realidad era que con una inflación que terminó casi en el doble de lo previsto, las revisiones salariales no alcanzaron a compensar la suba de precios. Así, en el promedio, los salarios estatales perdieron un 3% y las jubilaciones un 9%.
Una situación similar ocurrió en 2022: en el arranque del año, con una inflación que el ministro preveía de 33%, grandes gremios como el de los docentes cerraban en 40%, con la felicitación de Guzmán, que calificaba la actitud «responsable». El resultado es conocido: no bien al empezar el segundo semestre, la cifra acordaba ya había sido superada por una inflación fuera de control.
La situación irritaba al kirchnerismo, que luego reclamaba una recomposición por la vía de bonos por decreto o aumentos de suma fija. Pero el efecto de usar al salario como ancla inflacionaria ya estaba logrado.
El interrogante es si, ahora, bajo un gobierno libertario que proclama la no injerencia estatal en los acuerdos de privados, se seguirá el mismo criterio. De momento, todo indica que hay más similitudes que diferencias: después de todo, en los discursos de Milei se ha tornado una costumbre hacer referencia a la recuperación del salario, porque el índice del Indec está marcando, desde hace algunos meses, una variación superior a la del IPC.
Con ese argumento en la mano, el gobierno tiene más elementos para tratar de que las paritarias tengan ahora al polémico 18,3% en mente, de manera de que los acuerdos no se alejen demasiado del nivel del 20% para todo el 2025.