Adrián González Charvay conoce las implicancias políticas y penales que trae aparejado su cargo de juez federal. No es un improvisado. Con gesto severo, adusto y fama de duro, el juez federal de Zárate-Campana que permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei, está desde 2009 como magistrado en esa jurisdicción. Ayer hizo lugar a la medida cautelar que pidió el intendente de Pilar, Federico Achaval, de Unión por la Patria.
González Charvay reemplazó a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.
Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.
Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.
Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.
En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.
En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.
González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.
El sucesor de Ducoté en Pilar fue Federico Achaval. El actual jefe comunal que gobierna desde 2019. Inició su carrera política de la mano del exintendente peronista Humberto Zúccaro, de quien llegó a ser jefe de Gabinete. En 2015 resultó electo concejal por el justicialismo y cuatro años después se convirtió en jefe comunal. La lista que apadrinó Ducoté perdió en la competencia interna que se libró entre tres candidatos de la coalición opositora.
Federico Achaval, es hijo de Federico de Achaval uno de los dueños del Hipódromo de Palermo y de miles de maquinitas tragamonedas junto con un exsocio de Cristóbal López. Todos ellos enfrentados con el macrismo.
González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana. Con quienes casi no habla son los intendentes de Exaltación de la Cruz y Baradero. Pero sí tiene trato frecuente con Ariel Sujarchuk de Escobar y Marcelo Matzkin de Zárate, a quien conoce desde la profesión de abogado. Con Sebastián Abella, de Campaña, tiene una relación personal, y con Achaval también.
Achaval cada vez que siente que es objeto de una injusticia plantea allí sus reclamos. Le fue bien. Por ejemplo consiguió que la justicia hiciera lugar a un pedido suyo y de muchos vecinos que se movilizaron para que Vialidad Nacional y Corredores Viales reconstruyeran un puente peatonal sobre la Ruta 8, a la altura de Fátima, que en mayo de 2023 fue derribado por un camión y no había sido arreglado. El fallo fue una cuestión humanitaria ya que murieron 3 personas por la falta de ese puente.
Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.
A la hora de defender las universidades del conurbano estuvieron activos todos los sectores: el radicalismo a través de Emiliano Yacobitti, y el peronismo. Angelici fue uno de los que se interesó en que no se interrumpa el flujo de fondos a esas casas de estudios. Ahora Achaval obtuvo otra victoria judicial, pues el juez González Charvay hizo lugar a una medida cautelar que suspende la aplicación de una resolución de la Secretaría de Comercio que impedía que las comunas cobrar sus tasas municipales en la misma boleta de Edenor o Naturgy BAN, ambas empresas que brindan servicios de luz y gas en Pilar.
En las tres causas, el fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.