El tratamiento del Presupuesto 2025 empezó este martes en la Cámara de Diputados con varias definiciones clave por parte del gobierno de Javier Milei, cuyos funcionarios advirtieron que «el gran agujero fiscal» del Estado son «las empresas públicas», en un guiño al debate pendiente sobre Aerolíneas Argentinas y el intento de avanzar con otras durante el próximo año.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza) inició el debate sobre el primer cálculo de gastos y recursos de la gestión de Milei con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, a quienes el ministro de Economía, Luis Caputo, les delegó la defensa del proyecto.
En línea con la máxima de Milei, los funcionarios ratificaron que el equilibrio fiscal que plantea el Presupuesto 2025 (donde los recursos se estiman en $125 millones y los gastos en la misma cifra) será «innegociable» y fijaron la «regla fiscal» con la que gestionarán: primero se asegurará el pago de intereses de la deuda y luego se verá qué otros gastos se puedan financiar.
Para la oposición este es «el corazón» del Presupuesto y lo que más se discutirá, porque entienden que pone en duda el financiamiento de áreas como la educación y la salud, pero en combinación con esa regla asomó la intención del Gobierno de utilizar esa limitación fiscal para renovar la presión al Congreso para avanzar con las privatizaciones.
En la primera versión de la Ley Bases, el Gobierno planteó la privatización de 41 de empresas públicas pero, forzado por la negociación para tener los votos, se quedó con apenas 8. Ahora volvió a la carga con Aerolíneas Argentinas pero mientras espera que el Congreso avance, busca la forma de retomar el plan original de Milei: liberarse de todas las empresas estatales posibles.
Presupuesto 2025: la regla que fijó el Gobierno, con la mira en el peso de las empresas públicas
Durante su exposición, Guberman afirmó que la sumatoria del «gasto previsional, asistencia social, salarios» de los empleados del sector público e «intereses de la deuda» representa «el 80% del Presupuesto» y advirtió: «Si queremos aumentar algún otro gasto tenemos que discutir a quién el vamos a dejar de pagar».
A esa definición, que coincide con la justificación de Milei para vetar la ley que aumentaba las jubilaciones y también la de financiamiento universitario, el secretario de Hacienda le agregó que la «regla para trabajar en 2025» que se fijó el Gobierno es «generar un superávit primario equivalente a la cuenta de intereses que habrá que pagar».
«Hacemos al revés: arrancamos por la estimación de ingresos, descontamos los intereses que hay que pagar y de ahí construimos los gastos que podemos financiar a partir de esos recursos, con la convicción de que no podemos emitir deuda para financiar al Estado nacional», precisó el funcionario.
En ese marco, el vice de Caputo en la cartera señaló más adelante que el Gobierno tiene que «pagar el déficit de las empresas públicas» y sentenció que «el gran agujero fiscal que tiene el Estado nacional son empresas públicas y otros entes del sector público».
De esta forma, el funcionario presentó a las empresas estatales como un factor central dentro de esa «regla fiscal» que los distintos bloques de la oposición cuestionan por su inflexibilidad. No fue una observación inocente dado que esos mismos sectores, como la UCR y el kirchnerismo, son los que pusieron y ponen reparos a las privatizaciones.
¿Se renueva la presión al Congreso para las privatizaciones?: el plan detrás del Presupuesto
Guberman también destacó que «el PAMI tenía un financiamiento importante del Impuesto PAIS» que dejará de existir en diciembre, por lo que a partir del año que viene esos recursos tendrán que salir del Tesoro. En ese sentido, el funcionario aseguró que «no se reduce» el financiamiento del PAMI y «se sigue brindando los medicamentos».
No obstante, en ese párrafo puso de relieve que «el sector público tiene que generar el ahorro suficiente para pagar las cuentas de las empresas y del resto del sector público», tras lo cual subrayó: «Achicar el déficit de las empresas nos va a permitir generar espacio fiscal para ir atendiendo otras prioridades de política».
Detrás de esa definiciónn asoma una sutil presión al Congreso para que las privatizaciones que Milei tiene en mente avancen, al menos, a partir del año próximo cuando regirá el primer presupuesto de la administración libertaria.
La idea general que el Gobierno dejó flotando en la primera reunión de la Comisión de Presupuesto con vistas al año próximo es que la eventual venta de empresas públicas dotaría al Estado de mayores recursos para cubrir otros gastos que plantea la oposición -como fue el caso de las jubilaciones y las universidades- para lo cuales hoy «no hay plata».
¿Qué empresas públicas quedaron fuera de la Ley Bases pero siguen en la mira de Javier Milei?
De esta forma el oficialismo busca mantener vivo el plan de privatizaciones que Milei vio en frustrado en gran medida dentro de la Ley Bases, y en momentos en que intenta apurar al Congreso para discutir la privatización de Aerolíneas Argentinas, una de las que había sido retirada de esa norma.
En pleno conflicto con los gremios aeronáuticos y frente a la unidad que sellaron con otros sindicatos de transporte -que preparan un paro para el 30 de octubre- el Presidente firmó el decreto que declara «sujeta a privatización» a la aerolínea de bandera, el cual según la Ley de Reforma del Estado le da «trámite parlamentario de preferencia al tema». Es decir, obliga al Congreso a sancionar una ley para privatizar la compañía.
A esto se le suma que el ministro de Desregulación, Federico Sturezenegger, adelantó la intención de cerrar la empresas Corredores Viales y Administración General de Puertos porque, según dijo, «no tienen razón de ser» y «ya hay áreas del Estado que se encargan de sus tareas». En paralelo, Caputo anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA).
Pero el plan del Gobierno es más amplio. En la Ley Bases quedaron sujetas a privatización total Enarsa, Nucelocénctrica Argentina, Yacimientos Carboniferos de Río Turbio e Intercargo, mientras que para «privatización o concesión» quedaron AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales, aunque en el Ejecutivo no olvidan el listado original de 41 empresas.
Allí aparecían, además de Aerolíneas Argentinas, las firmas Radio y Televisión Argentina, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Belgrano Cargas y Logística, Correo Argentino, el Banco Nación, Fabricaciones Militares y Casa de la Moneda (sobre la cual recientemente anunciaron una reestructuración), entre otras. Todas necesitarán, para el caso de que se privaticen y no se cierren, una ley del Congreso.
¿Cómo fue la primera jornada de debate presupuestario en Diputados?
Sin embargo, mientras el Gobierno dejaba ese mensaje respecto de la necesidad de privatizar las empresas públicos, la oposición se centró durante esta primera reunión en la «regla fiscal» que pone por delante el pago de intereses de la deuda.
Ante una pregunta de Itaí Hagman (Unión por la Patria) sobre si esta regla implicaba un «congelamiento de la inversión en educación, salud y otras áreas de aquí a la eternidad», Guberman le negó y señaló que simplemente se trata de garantizar el «equilibrio fiscal» y «el compromiso de que no habrá discrecionalidad para gastar de cualquier manera cualquier incremento de recursos por motivos inflacionarios».
Otro tema que rodea a la discusión sobre el Presupuesto 2025 es el «gasto tributario», como se denomina a los beneficios impositivos que tienen empresas y sectores puntuales de la economía. El ejemplo paradigmático es el régimen especial de Tierra del Fuego y los fondos que reciben compañías como Mercado Libre.
Según Guberman, «sobre Mercado Libre o Globant no hay una cifra predeterminada, hay una asignación de cupo fiscal por 295 mil millones de pesos para todo lo que es economía del conocimiento». El funcionario recordó que este beneficio está respaldado por una ley del Congreso.
Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, señaló que esos beneficios no deberían eliminarse pero sí suspenderse por la situación general de las cuentas del Estado que graficaron los propios funcionarios. «No podemos cerrar hospitales, ajustar jubilados o desfinanciar universidades y seguir sosteniendo esos regímenes», argumentó. En esa línea, adelantó que ellos presentarán «un dictamen propio».
¿Cuáles son los números del Presupuesto 2025?
El debate del Presupuesto 2025 es central para Milei presicamente porque el déficit cero y el equlibrio fiscal son también parte de la «batalla cultural» que intenta llevar adelante (también) en el campo de la economía. Por ello, antes del debate, el mandatario visitó el Ministerio de Economía para aregnar a Caputo y a los funcionarios del área.
Pese a ello, Caputo decidió no ir al Congreso y enviar en su lugar a Guberman y Quirno. Esto fue criticado por casi todo el arco opositor porque es una de las primeras veces en que el ministro de Economía no asiste a defender y explicar el Presupuesto. El oficialismo apunta a firmar el dictamen en la comisión a fines de noviembre y la presión para que Caputo asista podría mantenerse hasta entonces.
El Presupuesto 2025 que presentó Milei en la Cámara de Diputados proyecta que la inflación se desacelerará y será 18,3% interanual, el nivel más bajo en más de diez años, y que el dólar oficial llegue a $1.207 para diciembre de ese año.
El texto anticipa un superávit en términos del PBI con un resultado primario de 1,3%. El Gobierno estimó un resultado financiero superavitario de $190.655 millones y un crecimiento del PBI de 5% tras una caída proyectada en 3,8% para este año, pero prevé que sea sostenido en los años siguientes (otro 5% en 2026 y 5,5% en 2027).
La discusión sobre el primer Presupuesto del gobierno de Javier Milei promete no solo ser extensa sino también difícil para el oficialismo, que tendrá que defender la «regla fiscal» sobre la cual ya empiezan a caer críticas, sin abandonar el plan de privatizar todas las empresas públicas posibles. Habrá que ver si las condiciones que se plantean para el gasto público generan la presión sobre el Congreso que espera el oficialismo.