Luego de que el Gobierno de Javier Milei ratificara en la Cámara de Diputados el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso se prepara para una nueva pulseada política: revisar cada partida del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 e incrementar los montos previstos para las provincias, la educación, la salud, las jubilaciones, las obras públicas y la promoción de las Pymes, entre otras.
Según pudo saber iProfesional, buscarán aumentar esas partidas con la reducción de exenciones impositivas a sectores privilegiados con regímenes especiales para agregar recursos al presupuesto nacional. Esa pérdida de recursos, que es un agujero negro fiscal, es el «gasto tributario».
Presupuesto 2025: la oposición exigirá más partidas al Gobierno
Entre esos regímenes especiales se encuentran los de las industrias de Tierra del Fuego, la minería, la economía del conocimiento, los grandes propietarios, los empleados judiciales y jueces, los dividendos de empresas, los directores de empresas y los reintegros impositivos, entre otros.
Los bloques de los partidos de oposicion dura y dialoguista procuran hacer valer para ello los 160 votos que juntaron para rechazar el veto de Milei a la ley universitaria. Si bien ese número no alcanzó por poco margen -necesitaban dos tercios de los votos- para tumbar el veto, les podría sobrar para imponerse por mayoría simple.
Como todas las leyes, el Presupuesto se aprueba por simple mayoría de votos, artículo por artículo, con lo cual discutirán cada punto, tanto las proyecciones macroeconómicas como las partidas para los diversos rubros.
«Vamos a aumentar todas las partidas que tienen que ver con la clase media, que están subestimadas, mientras que las partidas de Defensa están sobrevaluadas. Todos queremos tener un sistema de defensa, pero antes hay que ocuparse de los jubilados y la educacion», dijo a iProfesional el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO de Córdoba.
También, el diputado Juan Marino, de UP, aseguró a iProfesional que «cada diputado exigirá los recursos que necesitan las provincias a las cuales representan y abriremos el debate sobre cada partida del presupuesto».
El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, adelantó a iProfesional que «se discutirán todas las partidas en el presupuesto 2025». El legislador pertenece a la bancada que lidera Miguel Pichetto, que durante el discurso le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que «ustedes creen que ganan, pero inevitablemente pierden».
Se refería a que con esa votación, 160 votos en contra del veto de Milei y 84 en favor y 5 abstenciones, el Gobierno desnudó una minoría parlamentaria y en 9 meses no logró construir una mayoría sólida en base al diálogo y la construcción del consenso de políticas. Sin embargo, un diputado opositor señaló que «ya no hay mayorías automáticas, sino que esto es ley por ley».
Massot agregó que «la idea es insistir con la financiación a universidades y jubilados financiándolo con reducciones de exenciones impositivas y regímenes especiales del gasto tributario». El diputado cordobés, ex PRO, se refería a las exenciones tributarias del 4,72% del PBI.
Como adelantó iProfesional en su edición del 19 de septiembre, con las proyecciones del PBI de 600.000 millones previstas para el año 2025, el agujero negro fiscal de esos privilegios tributarios para más de 50 regímenes especiales será de 34,2 billones de pesos (4,72% del PBI) o 28.300 millones de dólares. Agost Carreño aseguró que existe un diálogo con el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, con Massot, y otros bloques para reducir el gasto tributario a un 2,5% del PBI. Por supuesto, cuentan con la venia del diputado Miguel Pichetto.
De ese modo, se podrían incorporar al presupuesto unos 17 billones de pesos, que se sumarían a los 115 billones de pesos previstos como recursos totales en la ley de gastos y recursos para 2025, nada menos que un 15% más. Y de ese modo incrementar partidas para sectores vulnerables.
Javier Milei y Luis Caputo temen una ofensiva de diputados y gobernadores
Luego del triunfo agónico de Milei por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada no había una euforia desatada, sino un mesurado optimismo por el futuro del programa económico y una profunda preocupación por el inminente tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, ven venir una ofensiva opositora por recuperar recursos perdidos para sus provincias y para los sectores como la educación, la salud o los jubilados.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 prevé un superávit fiscal primario del 1,3% del PBI, un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación del 18,5% y un dólar a 1207 pesos. También estas proyecciones macroeconómicas serán puestas en tela de juicio; la oposición dice que son un dibujo que no se condice con los datos de consumo e inversión.
Un vocero de Milei admitió a iProfesional que «la discusión está perfecta porque el Congreso es el ámbito para discutir, pero deberán decir qué otra partida recortan o de donde sale la plata, porque la maquinita no anda más». Se refería así a la máquina de imprimir moneda del Banco Central, en una metáfora sobre la decisión de cortar la emisión monetaria.
Una de las iniciativas de la oposicion será convocar al Consejo Interuniversitario Nacional (CIM) que estableció que la partida para las universidades debería ser en 2025 del 1,02% del PBI, mientras que el proyecto del Gobierno la estimó para el año próximo en 0,53% del PBI, con una baja respecto de la de 2024 que era del 0,73% del PBI.
«Vamos a discutir prioridades en el presupuesto. No puede ser haya 100 mil millones de pesos secretos o reservados para los espías y o para las universidades o los jubilados», dijo a este medio Agost Carreño. «Vamos a hacer acuerdos para privilegiar todo lo que tiene que ver con la clase media, la educacion, los jubilados, las pymes y la produccion antes que la Defensa. Estamos de acuerdo con tener un buen sistema de Defensa, pero no puede estar primero comprar un submarino que darle de comer a los niños», agregó.
Otro diputado de la oposición dialoguista recordó que a los gobernadores no les están cumpliendo ninguno de los acuerdos firmados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y entonces muchos diputados buscaran recuperar en el Presupuesto los recursos que les niegan en la Nación.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, le preguntó al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, durante la sesión en la Comisión de Presupuesto, cuál era el plan para evitar el default de los vencimientos de capital e intereses de deuda que la Argentina tiene en 2025 de 25.000 millones de dólares.
«Es público y notorio que los dólares no están. Milei dijo que está garantizado el roll over para pagar la deuda, pero queremos saber de dónde está, porque tambien mostró que tenía dólares para la dolarización, pero el ministro Caputo dijo que están avanzadas las tratativas para un préstamo REPO. En qué quedamos, hay un roll over o hay un REPO», preguntó el diputado de Unión por la Patria.
La respuesta de Quirno fue que «no hay definiciones precisas respecto a condiciones a alternativas de financiamiento porque todavía hay tiempo de que las condiciones sigan mejorando a tener acceso o no tener acceso o a tener un programa con el Fondo y el momento no es el día de la fecha».
«Vamos a discutir todo, sobre todo los fondos de las provincias por las cuales fuimos electos, pero no sabemos si van a habilitar un canal de dialogo para discutir las partidas, el Gobierno no estaría habilitando un mecanismos de dialogo para introducir modificaciones», dijo Marino a iProfesional.
En la Casa Rosada contestaron a esa pregunta: «Esta perfecto, el Congreso es el ámbito para discutir, deberían decir qué otra partida recortan o de donde sale la plata, porque la maquinita no funciona más y no se van a subir impuestos». Pero no contestaron aún a la pregunta de si se permitiría reducir las exenciones tributarias.
Una fuente de Economía señaló que muchas de esas exenciones son derechos adquiridos de distintos sectores de la vida social o de las empresas y que legalmente es difícil eliminarlas, aunque la emergencia económica podría ser un argumento asi como se eliminan otros gastos.
El otro punto a discutir será el artículo 1 del proyecto que indica que «el resultado financiero del Presupuesto 2025 y subsiguientes deben ser equilibrados y superavitarios». Y frente a una baja en los ingresos proyectados procederán a recortar gastos en la misma proporción.
En el caso de que se produzcan ingresos superiores a los que proyectaron se aplicarán a pagar deudas o bajar impuestos (esto es competencia del Congreso de la Nación).
Esta regla, según las bancadas opositoras, impide considerar los ciclos económicos y pone en riesgo utilizar la política fiscal para estabilizar con políticas anticíclicas, por ejemplo ante una recesión un recorte fiscal agrava la situación social en lugar de amortiguarla.
Tambien cuestionan que en el artículo 23, se suspende el cumplimiento de que las partidas destinadas a educación deben ser de al menos el 6% DEL PBI; de que las partidas de Ciencia y Tecnología deban aumentar hasta 2032 a un mínimo de participación del 1% del PBI; de que la Educación Técnica Profesional sea de al menos el 0,2% del presupuesto, y el Fondo Nacional de la Defensa del 0,35%. No se explican cómo se fondearán las inversiones en Defensa que prevé el mismo presupuesto en otros artículos.
Señalan también que en el artículo 54 se faculta a la Secretaría de Hacienda y de Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos y cambia las condiciones. Cancela la obligación del artículo 65 de la ley de Administración Financiera que dispone que puede hacerlo en la medida que implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales. Esto permite hacerlo aunque empeoren el perfil de la deuda.
Además cuestiona el artículo 59 por el cual los créditos presupuestarios para transferencias a las cajas de jubilación provinciales continúan con la discrecionalidad. Se estima una baja de los recursos de más del 20% con respecto a 2023.
En el artículo 68 se objeta que se derogan los artículos 1, 3 y 4 de la ley 27.160 que disponen la movilidad de las asignaciones familiares y de AUH. Esto significa que se pierde la automaticidad del aumento. Esta decisión pone en riesgo la situación social de millones de personas, a juicio de la oposición, ante una baja de la recaudación deja a la voluntad discrecional del gobierno el reparto de recursos para el 68% de los niños que son pobres.
En cuanto a las Universidades, critica un paper opositor, la categoría «transferencias corrientes a universidades nacionales» para 2025 asciende a $3,8 billones, lo que representa un aumento del 28,5% en comparación con 2024. Sin embargo, este monto está muy por debajo de las necesidades proyectadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que solicitó $7,2 billones, equivalente a aproximadamente el 1% del PIB, para cubrir gastos salariales y de funcionamiento. Además, resulta incoherente un incremento del 28,5% entre 2024 y 2025, con la inflación proyectada para esos años es del 104,4% y 18,3%, respectivamente. Esto permitiría al gobierno financiar a las universidades a través de negociaciones y giros discrecionales una vez que se agote el presupuesto asignado, lo que podría ocurrir durante gran parte del año.