El Gobierno de Javier Milei considera que hay aún mucha tela para cortar en materia de gasto público, y avanza en la reestructuración, privatización y poda de distintos organismos y empresas del Estado que vienen arrojando pérdidas multimillonarias.
Una de las acciones es el reciente anuncio de la privatización de la compañía estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCYLSA), clave para el traslado de mercaderías del sector agropecuario. Según datos del Gobierno, el año pasado, el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, que es deficitaria.
«La idea es que nada de lo que quede a cargo del Estado arroje quebrantos, porque es el contribuyente quien los financia a través de impuestos altos», explican en la cartera de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger.
El ministro tuvo un paso estelar por el Coloquio de IDEA, donde brindó casi un stand up que incluyó dosis inesperadas de humor, y fue aplaudido por los participantes.
Explicó que ahora se avanza hacia la etapa de «motosierra profunda» y pidió a los empresarios estar más atentos a la reducción del gasto que a la baja de impuestos.
«Nos tienen que pedir más baja del gasto público», enfatizó Sturzenegger. Horas antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había pedido inversiones a los hombres de empresa.
Motosierra, parte 2: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Banco Nación, en la mira
La intención de la administración libertaria es avanzar con recortes de segunda generación, que apuntarán contra sobrecostos que terminen pagando los consumidores.
En la mira está el mercado de aeronavegación, el Correo Argentino, el Banco Nación, y aportes que se realizan a la Cámara de Comercio y la CAME, entre otros muchos ítems.
«No nos pidan más bajar impuestos, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y táchenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto«, pidió Sturzenegger.
Sobre lo que piensa de la banca pública, quedó claro cuando dijo que «dar créditos no es una tarea del Gobierno, es del sector financiero. Si lo puede hacer el sector privado, no tiene por qué hacerlo el sector público». Sturzenegger fue alguna vez presidente del Banco Ciudad.
El Gobierno apunta a que cuando concluya este año, el gasto público represente unos 33 puntos del PBI. Consideró que este es un «logro impresionante» de la administración Milei.
Y dijo que la Argentina es el único país en la historia que bajó 30% el gasto público.
Entre las bajas de gravámenes, destacó la reducción del «impuesto inflacionario», del impuesto PAIS, Bienes Personales. También la reducción de aranceles, el impuesto a la transferencia de inmuebles, los costos de trámites y de la deuda pública.
Según trascendió, el Gobierno buscará avanzar con la reducción o eliminación de un aporte especial de empleados de comercio y comerciantes hacia la Cámara de Comercio y la CAME. De acuerdo con sus cálculos, ascienden a unos $4.500 millones mensuales que terminan pagando los consumidores con un recargo en los productos.
El aporte está destinado a la capacitación al personal, pero en el Gobierno creen que llega muy poco a cumplir su objetivo.
También se prevé avanzar con la desregulación del negocio marítimo, en especial las regulaciones que afectan a determinados buques. El tema se estaría discutiendo con sindicatos y empresarios del sector.
Una de las cuestiones más polémicas en las que se trabaja está vinculada con el futuro del Correo Argentino, una organización que ha sido motivo de idas y vueltas en diferentes gobiernos.
La idea es que el Correo termine quedando en manos de los empleados, lo que le quitaría un peso millonario al erario público.
Como la mayoría de las actividades postales en el mundo, el futuro del correo pasará por la distribución de paquetes, que por ahora es muy baja en el caso argentino.
No es el único tema. El Gobierno viene avisando que de no llegarse a un acuerdo con los sindicatos, entregará también a sus empleados a Aerolíneas Argentinas, otro cargo multimillonario para el gasto público.
El caso del Correo Argentino, en la mira del Gobierno de Javier Milei
En 2023 el Correo Argentino sufrió un déficit de $100.000 millones.
Para este año se espera llegar a un presupuesto más equilibrado, aunque se trata de una meta complicada. En los últimos 15 años, el volumen de transporte de cartas se redujo en un 80%; el principal negocio del Correo ahora es el transporte de paquetes de las empresas de comercio electrónico, que tiene un volumen inferior al de otros países de la región pese al avance de los últimos años.
Se trabaja transformar una estructura sobredimensionada y en eliminar muchas sucursales con el formato tradicional.
Además, se apunta a tener mayor alcance geográfico, llegando a más puntos en todo el país. Se sustituirán muchas de las oficinas tradicionales por ventanillas de correo instalados en librerías, almacenes, estaciones de servicio y otros locales.
Actualmente, el Correo cuenta con 1.450 sucursales en todas las provincias, y 3.670 unidades postales. Con el nuevo modelo, alcanzará aproximadamente 5.000 puntos de atención, con una mayor distribución en todo el país.
El objetivo es que los comercios que acepten recibir y enviar paquetes del correo reciban una comisión del 14% y permitan hacer estas operaciones durante toda la jornada, para que estas transacciones no queden limitadas al acotado horario que funciona hasta ahora.
En 2025, el plan es seguir reduciendo el plantel, que en 2021 alcanzaba a 19 mil personas (ya que la reestructuración comenzó en 2022, en el gobierno de Alberto Fernández) y, en el cambio de gobierno, a 16 mil. Otro de los puntos de ineficiencia que se busca mejorar es que haya más de 90 gremios agrupados en cuatro federaciones sindicales que conviven en la firma estatal. En el gobierno consideran que primero hay que normalizar esa estructura antes de privatizar.
Además de mantener el programa de desvinculaciones, se planteó un programa de retiros voluntarios, que ya consiguió la adhesión de 3.000 empleados y otros 800 casos están bajo análisis.
Aerolíneas Argentinas, otro frente abierto
Milei confirmó que el Gobierno intentará avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Dijo que si el Congreso traba la iniciativa, la empresa será «entregada a los empleados».
Se avanzaría con una propuesta presentada por el diputado Hernán Lombardi (PRO) que declara a la compañía aérea «sujeta a privatización» y autoriza al Ejecutivo a «establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso» de venta.
Desde que en julio de 2008 fue reestatizada, tras 18 años (1990-2008) en manos privadas, Aerolíneas le demandó al Tesoro argentino subsidios para poder sostener su operación. Si bien se trata de una empresa con un importante nivel de facturación (entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año), sus ingresos nunca terminan de cubrir sus gastos.
El informe «Ejecución presupuestaria de empresas públicas no financieras» elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto de la Oficina Nacional de Presupuesto consigna que Aerolíneas tuvo ingresos acumulados, en los primeros seis meses del año, por casi $820.000 millones, contra gastos por $1,055 billón, con un déficit operativo de poco más de $235.000 millones.
Tomando un tipo de cambio promedio para el período de $860 por dólar, el déficit del primer trimestre según el informe de Hacienda equivalió a un rojo de u$s 273 millones. Según directivo de la empresa, la pérdida habría sido mucho menor, de unos u$s85 millones.
Según el portal Chequeado.com, entre 2009 y principios de 2023 el Tesoro transfirió a Aerolíneas Argentinas unos u$s7.500 millones.
Se trata de un agujero fiscal que está en la mira de Javier Milei, y que se espera desatará una dura puja con los múltiples gremios que operan en la órbita de la empresa, en especial con el sindicato kirchnerista de Pilotos, liderado por Pablo Biró, quien acaba de haber sido desplazado del directorio de la compañía de bandera.