La provincia emitió un comunicado interno al que accedió Perfil Córdoba en donde se informa que se tiene relevado a 483 comedores distribuidos en la mayoría de los barrios de la capital cordobesa y en algunas ciudades del interior a los que asiste con módulos alimenticios. Esta cifra dista mucho de las dadas a conocer por el mismo funcionario a cargo de Emergencia Social del ministerio de Desarrollo Social y el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano.
El relevamiento trae un poco de luz a toda la neblina que no deja traslucir datos concretos sobre la compra de alimentos y distribución real de las ayudas sociales que se compran con los impuestos y tasas que pagan todos los ciudadanos.
Descubrieron en Córdoba unos 200 comedores que no funcionan y recibieron ayuda
En declaraciones a otros medios, Cristian Heredia se presentó como director General Emergencia Social de la secretaría general de Desarrollo Social de la provincia y uno de los responsables de una «investigación» que llevó adelante la cartera que conduce Laura Jure, que arrojaba 740 comedores y merenderos. El fin de semana, Raúl La Cava, responsable de las ayudas por parte de municipio, aseguró que existen unos 2.600 «espacios comunitarios» en los más de 500 barrios capitalinos. En el propio informe se aseguran que son 483 «centros».
Todo registrado, sin margen de error
La misma provincia, durante la pandemia y la gestión de exministro de Desarrollo Social, Carlos Massei implementó un sistema de control interno que terminó convirtiéndose en la mejor herramienta de gestión y control de las ayudas por parte de la provincia.
Todo surgió ante la necesidad de transparentar la entrega de los alimentos por parte de la dirección General de Emergencia Social. Los repartidores y empleados del ministerio no encontraban, muchas veces, las direcciones o a los responsables cuando les entregaban los bolsones. Cuentan que de esta manera descubrieron «comedores inexistentes en estaciones de servicio» o «en barrios cerrados».
El tablero llegó a bautizarse entre quiénes la usaban como «El Rappi social», como el nombre de la app mundialmente conocida. El personal habilitado para circular durante las restricciones por el Covid no eran muchos y esto les dada un gran servicio.
De uso casi masivo por la repartición, los funcionarios o trabajadores tenían la obligación para validar a comedores asistidos y merenderos, tomar una foto de la dirección, luego geolocalizarla y hasta de registrar todos los datos de la persona responsable.
El propio Martín Llaryora conoció esta herramienta cuando era intendente y pidió adoptarla. Esta «app» fue desarrolla por los mismos directivos que respondían al funcionario schiarettista.
Este es el mejor registro que tiene la provincia y que utiliza el mismo municipio. No hay otro. Sobre estos datos se analizan qué se le entregó, a quién y cuándo. Este medio pidió tener acceso a esa información y por el momento no se brindó la autorización necesaria.
¿A quiénes se ayudan?
Según los registros del ministerio que conduce Laura Jure, la «Provincia asiste hoy (relevamiento del mes de mayo) a 483 comedores/merenderos con algún tipo de ayuda».
Todos deberían recibir unos $100.000 por mes, como parte del «fondo económico». En diciembre, según la documentación del ministro de Desarrollo Social saliente, se entregaron 409 módulos económicos por $200.000 a cada comedor o merendero. La suma extraordinaria fue «una especie de aguinaldo» para evitar dejar sin alimentos a las personas que concurren a estos centros durante los meses de enero y febrero, momento de cambios de autoridades y de firmas en los bancos o autorizaciones.
La entrega continuó con 386 en marzo, 391 en abril y 270 en mayo. La baja en la cantidad de lugares asistidos superó las 200, según los registros.
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Desde marzo a mayo, según expresa un documento interno, el monto de cada módulo alimentario ascendió a $126.000 para cada institución y prevén aumentarla en julio a $200.000.
Por su parte, el municipio capitalino asegura que entrega un aporte mensual de 100 mil pesos mensuales a cada uno de los 2.600 «centros comunitarios» que tiene registrado. Acusan que se otorgaron 260 millones de pesos mensuales. No es claro la denominación de «centro comunitario», quizás a los comedores se les sume alguna salita que brinda otro tipo de acompañamiento a la comunidad. Desde la cartera de La Cava expresan que «son centros que proveen alimentos a los sectores más carecientes de la Capital, pero además otras asistencias, como refuerzo escolar y capacitación para empleo, por ejemplo».
La asistencia no es en dinero en efectivo, se hace a través de la Tarjeta Activa (del Banco de Córdoba), con la cual el referente de cada espacio comunitario adquiere los alimentos u otros elementos que necesiten para que funcione.
Desde la provincia expresaron en una comunicación interna que las solicitudes de baja son «93 porque del control se detectó que no estaban funcionando«.
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Hay muchos dirigentes y políticos que reciben todos los meses «módulos alimentarios». Estas «cajas» son compuestas por nueve alimentos secos. Se estima que el valor de cada una asciende a $100.000, aunque muchos dudan del costo real, los productos y marcas que componen esa «ayuda» distan mucho de gastar ese monto para adquirirlas.
Concejales con mucha llegada a Mauricio Macri o legisladores radicales de «muchos años» que vienen de larga data en la Unicameral reciben cientos o miles de estos «módulos» para repartir. Nadie termina de comprender por qué son ellos y no el mismo municipio o provincia los responsables finales. Nadie se queja. Siempre es bueno llegar con alimentos a un hogar pobre para «hacer política».
Según datos parciales del ministerio de Desarrollo Social, se entregaron módulos a 120 instituciones en febrero, 153 en marzo, 168 en abril y 213 en mayo.
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En el texto aseguran que «durante febrero se otorgaron 10 módulos por institución, mientras que entre marzo y mayo se incrementó esa asistencia a 20 módulos por comedor» ¿Esto quiere decir que muchos recibieron hasta dos millones de pesos?, teniendo en cuenta que cada módulo tiene un valor de $100.000.
El criterio común para la asistencia, aclaran, es que ninguna institución recibe un número menor a cien personas; todos los lugares brindan comida a un promedio entre 130 y 180 personas adultas y/o niños. «Algo que dista mucho de la realidad», afirman trabajadores sociales que tienen contacto diario con los merenderos o comedores. «Hay algunos que tiene esa cantidad de personas, otros que alcanzan a darle de comer o merendar a 70 y lo hacen más días, es muy fluctuante todo», describen.
Las estadísticas están. Las herramientas de control y autoría existen. Quedará en manos de los mismos funcionarios que la puedan utilizar de la mejor manera para que los «pocos» recursos provinciales y municipales llegan a las manos necesarias.